MADRID (Reuters) - En un nuevo episodio de la ofensiva legal para torpedear la estrategia independentista de la Generalitat de Cataluña, el Gobierno español aprobó el viernes un decreto ley que agiliza el cambio del domicilio social de las empresas para facilitar su salida de la región.
La nueva ley permitirá que las empresas no tengan que pasar por junta de accionistas para trasladar su sede, aunque esto figure específicamente en sus estatutos, dijo el Ministerio de Economía.
El ministro de Economía, Luis de Guindos, indicó que este cambio, adelantado la víspera por Reuters, había sido solicitado por "amplios sectores empresariales" ante las dificultades para operar en Cataluña.
Guindos responsabilizó el viernes al Gobierno catalán de la creciente lista de empresas que han decidido trasladar su sede social fuera de Cataluña, por la incertidumbre creada ante las tensiones independentistas en la región.
"Es muy triste que estemos viendo la salida de empresas importantísimas de Cataluña en el sentido de modificar su domicilio. Y no es culpa de las empresas, es culpa de la política irresponsable de la Generalitat, que genera incertidumbre e inquietud", dijo Guindos en la rueda de prensa posterior al del Consejo de Ministros.
"Los que tendrán que dar explicaciones son los que toman ese tipo de decisiones, el Gobierno lo que puede hacer es favorecer la prosperidad económica en Cataluña", añadió.
Desde la escalada de la deriva independentista tras el referéndum celebrado el domingo, declarado ilegal por el Gobierno, grandes empresas catalanas como los bancos Sabadell (MC:SABE) y Caixa o la gasista Gas Natural (MC:GAS) han anunciado el traslado de su sede.
En una hipotética independencia, las entidades financieras con sede en Cataluña no podrían utilizar sus activos como garantía en la ventanilla del Banco Central Europeo.
Una fuente de Economía explicó que los bancos catalanes tienen 80.000 millones de euros disponibles como garantía para el BCE. Sin estos activos para solicitar liquidez al BCE, las entidades verían muy reducida su capacidad para prestar dinero a sus clientes.
La reacción en los mercados se hizo notar de forma inmediata. Las acciones de estas compañías repuntaron en bolsa y el rendimiento de los bonos de Cataluña con vencimiento en febrero de 2020 repuntaron hasta su mayor nivel en un año hasta el 3,39 por ciento.
La agencia calificadora Fitch siguió los pasos de Standard & Poor's y colocó la nota de crédito de Cataluña en revisión para una posible rebaja, ante el nuevo deterioro en las relaciones institucionales entre el gobierno regional y Madrid.
DIÁLOGO SÓLO DENTRO DE LA LEGALIDAD
El Gobierno español, en boca de su portavoz, Iñigo Méndez de Vigo, reiteró su disposición a dialogar con la Generalitat siempre que esta "vuelva a la legalidad" ya que veía "mucha gente" en Cataluña en contra de las intenciones de la Generalitat.
"Desde el Gobierno hacemos un llamamiento a que el señor Puigdemont vuelva a la legalidad, y dentro de esa legalidad, podemos dialogar", dijo Méndez de Vigo.
El Tribunal Constitucional ha suspendido varias leyes catalanas centradas en el impulso soberanista de su Ejecutivo, incluida la propia ley del referéndum.
Durante la celebración de la consulta, la policía, que tenía el mandato judicial de impedirla, tuvo una polémica actuación durante la jornada.
El delegado del Gobierno en Cataluña, Enric Millo, había pedido disculpas "en nombre de los agentes que intervinieron (...). Estoy muy triste, lamento profundamente haber llegado a esta situación (...) espero que podamos reconducir las cosas", dijo en una entrevista con una televisión catalana.