Madrid, 21 dic (.).- La Asociación del Cuerpo Superior de Inspectores de Hacienda del Estado está a favor de los principios generales incluidos en el anteproyecto de ley de función pública, pero considera que deja en manos del Gobierno su puesta en práctica y ello "no es lo más deseable".
Así lo indica la asociación en un comunicado este miércoles, un día después de que el Congreso diera luz verde a la citada norma, que incluye medidas como un nuevo sistema de acceso al empleo público que tenga en cuenta las capacidades y dos nuevos complementos salariales en función de la carrera profesional y el desempeño.
Los inspectores están a favor de todos los principios generales que contempla el anteproyecto de ley, según dicen, pero insisten en que "la bondad o no de los mismos dependerá de su desarrollo" a través de los reales decretos, órdenes ministeriales y resoluciones.
A su juicio, es "esencial" la elaboración de una "planificación estratégica de la función pública de carácter plurianual" para evitar problemas como "el envejecimiento de la plantilla".
Aplauden que se extienda "la evaluación del desempeño al modelo general de empleo público", aunque sea con una década de retraso, y también la implantación de "la regulación de la carrera profesional horizontal para toda la Administración General del Estado", a la vez que esperan que se desbloquee en la Agencia Tributaria.
Respecto a los nuevos complementos salariales, los califican de "apropiados", siempre que "su desarrollo normativo garantice su objetividad, transparencia e igualdad de acceso a los mismos, en función de las responsabilidades que tenga cada funcionario y cuerpo".
En el comunicado consideran que es "gravísimo" que el anteproyecto de ley permita recurrir a contratos de alta dirección para contratar a personas que no son funcionarios, lo que puede abrir la puerta a la extensión del componente político en la Administración, teniendo en cuenta que "los intereses públicos deben estar defendidos por funcionarios públicos".
Los inspectores de Hacienda también se refieren a las pruebas de acceso a la función pública y llaman la atención sobre los modelos de pruebas que se están barajando, basados en exámenes tipos test o eliminación de los mismos, en la introducción de entrevistas y en la valoración subjetiva del trabajo desarrollado, algo que "vulneraría claramente los principios de igualdad, mérito y capacidad".