Roma, 15 feb (.).- Italia licitará a partir del 1 de enero de 2024 los permisos para los establecimientos en sus playas y riberas, una medida aprobada hoy por el Gobierno y reclamada por Europa para, entre otras cosas, dar transparencia al importante sector turístico.
En Italia, la mayoría de las playas son gestionadas por privados, que extienden sobre la arena sus bares, restaurantes, tumbonas y sombrillas, aunque siempre deben garantizar un espacio mínimo para el acceso libre, que suele limitarse a una franja de pocos metros.
A partir del 2024, estas playas serán adjudicadas a través de concursos públicos, con reglas claras y por un plazo determinado, según estipula la directiva europea Bolkenstein, aprobada en 2006.
El Gobierno de Mario Draghi ha aprobado una enmienda al proyecto de ley para la Competitividad, que se encuentra en plena tramitación parlamentaria y que regula las concesiones públicas, en el marco del Plan de Recuperación de la pandemia con fondos europeos.
Dicha enmienda tiene que ver con estos establecimientos y se divide en dos normas.
La primera establece que las concesiones públicas actualmente en vigor, incluso las que han sido prorrogadas, seguirán siendo válidas hasta el 31 de diciembre de 2023, pero a partir de entonces, saldrán a subasta pública.
La otra parte es un proyecto de ley que emplaza al Gobierno a adoptar en seis meses un decreto para simplificar el mecanismo de licitaciones públicas con finalidades turísticas y recreativas.
Se trata de una cuestión muy polémica en Italia, pues el sector de los conocidos como "establecimientos balnearios", es decir, las playas y chiringuitos, permanece inmóvil desde hace décadas, pese a que se trata de un país muy turístico, también en verano.
Y es que muchos de los actuales "gestores" de estas playas han aprovechado desde hace décadas la falta de legislación en este sentido y prorrogado sus concesiones con precios muy bajos, mientras que el coste de los servicios al público no ha hecho más que subir.
La medida del Gobierno quiere garantizar la imparcialidad de estas licitaciones, involucrar a las pequeñas y medianas empresas, nivelar la relación calidad-precio del servicio, mejorar la accesibilidad a personas con movilidad reducida y proteger el medioambiente.
Para ello se tendrán en cuenta una serie de criterios, como la experiencia del aspirante a hacerse con estas playas, y se decretará una duración temporal para que el empresario amortice su inversión pero prohibiendo prórrogas automáticas, como hasta ahora.
La enmienda aprobada por el Ejecutivo se incluirá en el mencionado proyecto de ley, que se encuentra en el Senado, y por lo tanto es aún susceptible a cambios.
De hecho la ultraderechista Liga, que forma parte de la coalición de Draghi, ya ha dicho que la cambiará en el Parlamento para "proteger el trabajo, las inversiones y sacrificios" de los empresarios de la plata, avanzó el senador y subsecretario del Ministerio de Agricultura, Gian Marco Centinaio.