MADRID (Reuters) - Un juzgado de la localidad castellonense de Vinaròs investigará si se cometieron delitos medioambientales en la concesión de la licencia del almacén subterráneo de gas Castor a raíz de una reciente denuncia de la fiscalía provincial.
"El juez del (juzgado de instrucción número 4) tomará declaración a 18 imputados por delito contra el medio ambiente y recursos naturales, y prevaricación medioambiental", dijo el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana en su cuenta de Twitter.
La denuncia de la Fiscalía de Castellón interpuesta en diciembre se dirigió contra responsables del Instituto Geológico y Minero, del Ministerio de Medio Ambiente y del Ministerio de Industria que intervinieron en la tramitación de la concesión de explotación del almacén, así como contra la concesionaria del proyecto, Escal UGS.
Según medios españoles, entre los imputados figura Recaredo del Potro, presidente de Escal UGS, una empresa controlada por la constructora ACS que a finales del año pasado fue indemnizada con 1.350 millones de euros por Industria con cargo a la factura de los consumidores españoles de gas.
Los accionistas de Escal, ACS y la canadiense Dundee Energy (propietaria del 33%) renunciaron el verano pasado al almacenamiento meses después de que su actividad fuera suspendida por Industria al ser una de las posibles causas de los centenares de microterremotos que se produjeron en las costas de Castellón y Tarragona en septiembre de 2013.