Madrid, 1 abr (.).- La Audiencia Nacional ha rechazado el recurso de apelación interpuesto por Urbas Grupo Financiero (MC:UBS) y, por tanto, procederá a juzgar al presidente de esta compañía, Juan Antonio Acedo, a su antecesor en el cargo, Juan Antonio Ibáñez, y a otras 14 personas físicas por presunta estafa y delito societario en la ampliación de capital de julio de 2015.
Según un hecho relevante remitido por Urbas a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la compañía señala que se reafirma en la completa legalidad de esta ampliación de capital y asegura que intentará disipar cualquier duda que el mercado pueda tener a lo largo de este procedimiento.
Este caso se remonta a 2017, a raíz de la querella interpuesta por la Fiscalía Anticorrupción, que apreció supuestas irregularidades en la operación ejecutada por un importe de 384 millones de euros, que se aportaron mediante activos "sobrevalorados" de Aldira Inversiones Inmobiliarias.
Según el auto dictado en octubre de 2020 por el instructor de la causa, el juez José Luis Calama, "una parte significativa de los inmuebles fueron tasados por una sociedad" vinculada, y un "porcentaje superior al 70 % de las nuevas acciones de Urbas correspondían a entidades vinculadas a los administradores".
En uno de los informes emitidos por el Consejo de Administración de cara a la ampliación de capital, prosigue Calama, se analizaba la situación de las sociedades integradas en Aldira, expresando "unas plusvalías no ajustadas a la realidad e injustificadas, que desvirtuaban completamente el sentido de la operación".
"Ciertamente el engaño es el nervio y alma de la infracción", apunta el magistrado, que ve indicios de delito en la estrecha vinculación entre las mercantiles con carácter previo a su integración, ya que los accionistas mayoritarios de ambas son "las mismas personas".
Tanto es así que muchos de los administradores que firman las cuentas anuales de Urbas de 2014 están vinculados con las sociedades aportantes a Aldira, añade.