Bruselas, 9 jun (.).- La Comisión Europea (CE) dio este miércoles un último aviso a España para que aplique la directiva comunitaria sobre morosidad en la contratación pública, de manera que garantice que las empresas reciban los pagos a tiempo.
Por la misma razón, la Comisión abrió un procedimiento de infracción a Italia mediante el envío de una carta de emplazamiento, mientras que en el caso de España remitió un dictamen motivado, el último paso en ese proceso y previo a una denuncia ante el Tribunal de Justicia de la UE.
El Ejecutivo comunitario subrayó en un comunicado que la morosidad "repercute negativamente en las empresas, ya que reduce su liquidez, les impiden crecer y dificulta su resiliencia y su capacidad para ser más ecológicas y digitales".
Por ello, consideró que en el contexto económico actual, "incluso más que antes, las empresas y las pymes dependen de pagos periódicos para funcionar y mantener el empleo".
La directiva sobre morosidad obliga a las autoridades públicas a pagar sus facturas en un plazo de treinta días (o de sesenta días en el caso de los hospitales públicos).
También tienen una "obligación especial" de pagar a sus proveedores a tiempo y servir de ejemplo en la lucha contra las malas prácticas de pago en el entorno empresarial.
Así, la Comisión decidió enviar un dictamen motivado a España en el contexto del procedimiento de infracción incoado en 2015 por los retrasos excesivos en los pagos por parte de sus autoridades públicas.
La CE reconoció "los esfuerzos realizados por España en los últimos seis años para mejorar la puntualidad de los pagos de su sector público".
En cambio, señaló que aunque en ese tiempo "las autoridades centrales han realizado avances considerables", sigue preocupada por "los retrasos persistentes de las autoridades regionales y locales, ya que su puntualidad a la hora de pagar sigue sin ajustarse a las obligaciones de la directiva".
España tendrá ahora dos meses para responder a las alegaciones presentadas por la Comisión y, si no contesta satisfactoriamente, la institución podría decidir llevar al país ante el Tribunal de Justicia de la Unión.
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