Madrid, 10 jul (.).- La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha instado al Gobierno a licitar los servicios públicos de cercanías, media distancia y ancho métrico tras valorar que se inicie el proceso de liberalización en este segmento, que fue usado por cerca de 500 millones de viajeros en 2023 y solo presta Renfe.
Competencia saluda que, "por fin", vaya a aprobarse la orden ministerial que da inicio la liberalización en estos servicios sujetos a obligaciones de servicio público.
No obstante, recomienda liberalizar los servicios públicos progresivamente, ya que sacar al mercado todos a la vez puede poner en riesgo el éxito del proceso, según la Comisión, que pide que se publique, "a la mayor brevedad posible", un calendario para dar transparencia al sector sobre el ritmo de la liberalización.
La situación en España, donde todos los servicios públicos se prestan en base a un contrato adjudicado a Renfe Viajeros sin licitación previa, contrasta con la de otros países europeos, como Alemania o Francia, donde ya se está apostando por la licitación de estos servicios, añade la Comisión.
El contrato firmado entre el Ministerio de Transportes y Renfe Viajeros prevé la licitación competitiva de, al menos, un 3 % del valor del contrato, con tiempo suficiente para que los servicios se empiecen a prestar por el adjudicatario el 1 de enero de 2026.
Esta primera licitación es una oportunidad para comprobar el interés de las empresas ferroviarias en prestar los servicios públicos y ganar experiencia en el diseño de las licitaciones, ya que se trata de procesos complejos, según la CNMC.
El proyecto de orden regula la licitación competitiva de los servicios públicos que son competencia del Estado, aunque la CNMC recuerda que resulta de aplicación también a las autoridades autonómicas.
Apela al Gobierno a adoptar las medidas necesarias para que la regla general sea licitar los servicios, no adjudicarlos de forma directa, y garantizar que las condiciones sean homogéneas y competitivas en todos los procesos.
Añade que, cuando las administraciones pretendan adjudicar de forma directa la prestación de un servicio público, la propia Comisión evaluará si la decisión está justificada de acuerdo con las directrices de la Comisión Europea.
También quiere que se sometan a su consulta los pliegos de los concursos públicos, que deben contener toda la información necesaria para que las empresas participantes puedan presentar su oferta, "neutralizando la ventaja competitiva del operador establecido".