Madrid, 24 jun (.).- La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha abierto a consulta pública el nuevo código de buenas prácticas para los inversores institucionales, gestores de activos y asesores de voto, con el que pretende que se impliquen más en las compañías en las que han decidido invertir.
Los interesados en participar podrán enviar sus comentarios al texto hasta el próximo 16 de septiembre por vía telemática o correo ordinario.
Según ha informado este viernes el supervisor bursátil en un comunicado, el nuevo código, que es de carácter voluntario y va a tener un régimen transitorio de tres años, busca que las empresas cotizadas tengan inversores mejor informados, más activos e involucrados con su estrategia.
Está destinado a inversores institucionales (compañías de seguros y reaseguro de vida y fondos de pensiones de empleo) y gestores de activos radicados en España, aunque también está abierto a otras entidades como sociedades de cartera, gestoras de fondos de pensiones diferentes de los de empleo o grupos familiares.
Dado que no es de obligado cumplimiento, también podrán sumarse entidades con sede fuera de España, pero para los proveedores de servicios por ahora solo está abierto a los asesores de voto.
El texto se articula en siete principios que abarcan cuestiones como la inversión y estrategia a largo plazo, conocimiento y seguimiento de las empresas en las que se ha invertido, ejercicio de los derechos de voto o política de retribución.
Existirá un periodo transitorio de tres años en el que quienes decidan adherirse pueden elegir entre los principios a los que se van a someter y explicar en sus informes anuales por qué han optado por unos y otros y las decisiones que han adoptado sobre los mismos.
Solo existirá una excepción relativa al principio de política de gestión de conflictos de intereses, que tendrá que aplicarse desde el inicio por ser consustancial con la operativa de cualquier inversor o gestor, puntualiza la CNMV.
La elaboración del código ha contado con el asesoramiento de un grupo consultivo en el que han participado entidades como el Banco de España, la Dirección General de Seguros, patronales como la AEB, Unespa, la CECA o Inverco; las cuatro grandes consultoras (KPMG, Deloitte, EY y PWC) y despachos de abogados.