Madrid, 10 feb (.).- El juzgado de Instrucción número 15 de Madrid repetirá el próximo 29 de marzo el careo entre los peritos del caso que investiga si hubo malversación en la concesión de ayudas públicas por un importe total de 53 millones de euros a la aerolínea Plus Ultra.
En una providencia notificada esta semana, la titular del juzgado, Esperanza Collazos, ordena que se vuelva a celebrar esta prueba debido a fallos técnicos en el sonido de la grabación del primer careo, que tuvo lugar el pasado 18 de enero, y rechaza el informe aportado por la compañía.
Tras conocer la noticia, Plus Ultra ha lamentado este jueves "profundamente" la necesidad de esta nueva comparecencia de los peritos, cuyo resultado "se verá irremediablemente condicionado" por el primer enfrentamiento.
En una nota de prensa, la aerolínea asegura que esta situación "supone mantener abierto el procedimiento judicial, que por sí mismo daña gravemente la reputación e intereses comerciales" de la compañía.
La decisión de la juez, prosigue, tiene lugar "a pesar de que la Fiscalía había solicitado nuevamente -tras el primer careo- en un extenso, detallado y fundamentado escrito- el sobreseimiento de la causa, al considerar que no existe indicio alguno de delito".
Plus Ultra afea además que la titular del juzgado haya rechazado, "sin ninguna motivación ni fundamentación", el informe pericial encargado por la aerolínea para valorar técnicamente las conclusiones del perito judicial, lo que convertirá la cita de marzo "en un careo de peritos incompleto".
En concreto, el documento no admitido contradice las conclusiones de los peritos designados por el juzgado, y sostiene que "se cumplían todos los requisitos para el acceso a la financiación pública obtenida".
Por ello, desde la aerolínea consideran que su derecho de defensa se ha visto "gravemente lesionado y afectado" con una decisión que "vulnera derechos fundamentales y garantías mínimas".
El 9 de marzo de 2021, el Gobierno aprobó la ayuda a Plus Ultra con 53 millones de euros en préstamos del Fondo de Apoyo a la Solvencia de las Empresas Estratégicas de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).
Esto suscitó las críticas de sus competidores y de los partidos de la oposición, entre ellos el PP, que solicitó la creación de una comisión de investigación en el Congreso al considerar que es una empresa española "no estratégica", con gran peso de capital venezolano y panameño.
Un mes más tarde, el juzgado de Instrucción número 15 de Madrid abrió diligencias contra el que fuera presidente en funciones de la SEPI, Bartolomé Lora, y el consejo de administración del organismo tras una denuncia del sindicato Manos Limpias por presunta malversación.
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