Bruselas, 20 dic (.).- El Consejo de la Unión Europea acordó su posición este martes sobre la reforma de la regulación por la que concede preferencias comerciales a los países en desarrollo, en la que insta a garantizar más salvaguardias, transparencia e inspecciones de las importaciones.
Los embajadores de la UE llegaron a un acuerdo sobre su posición ante este dossier, lo que permitirá ahora al Consejo negociar con el Parlamento Europeo con idea de que las nuevas normas puedan entrar en vigor en enero de 2024, cuando expira el reglamento vigente, indicó el Consejo en un comunicado.
La Comisión Europea propuso en septiembre de 2021 un renovado sistema generalizado de preferencias (SGP) para facilitar las exportaciones de los países en desarrollo, que prestará más atención al respeto de los derechos humanos y el medio ambiente.
Al mismo tiempo, facilitará la activación de cláusulas de salvaguarda para evitar que las industrias europeas puedan verse perjudicadas por este sistema, que promueve el comercio con un total de 67 países en la actualidad.
El programa, en vigor desde 1971, consiste en la eliminación o reducción unilateral de los derechos de importación a productos procedentes de países vulnerables con bajos ingresos (de acuerdo a la clasificación que hacen las Naciones Unidas), apoyando al mismo tiempo la erradicación de la pobreza, el desarrollo sostenible y la participación de esos estados en la economía global.
Se articula en tres acuerdos diferentes, uno de ellos el "todo menos armas" para los países menos desarrollados que se benefician de un acceso a la UE sin cuotas ni aranceles para todos los productos, a excepción de armas y munición.
El segundo es el SGP estándar para los países de renta baja y media a los que se concede la eliminación total o parcial de los aranceles en dos tercios de las líneas arancelarias.
Y, el tercero, el SGP+, otorga incentivos especiales para el desarrollo sostenible y la buena gobernanza y recorta los aranceles al 0 % para las mismas líneas arancelarias que en el caso del SGP estándar.
De este último se benefician los países vulnerables de ingresos bajos y medios (entre ellos Bolivia) que hasta ahora implementaban 27 convenciones internacionales sobre derechos humanos, derechos laborales, la protección del medio ambiente y el clima y la buena gobernanza, y que en la revisión presentada por la CE ascienden a seis más.
Propone en concreto incluir protocolos relacionados con la participación de niños en los conflictos armados, los derechos de las personas con discapacidad, la inspección del trabajo, consultas tripartitas, la delincuencia organizada trasnacional y el Acuerdo de París sobre Cambio Climático.
La nueva propuesta también incluye un procedimiento de emergencia para retirar temporalmente las preferencias a un país en caso de "graves violaciones" que requiera una respuesta rápida, y que permitirá acortar el proceso de retirada de 18 a 7 meses.
El Consejo, por su parte, propone en la posición adoptada hoy reforzar el contacto entre la UE y los países beneficiarios para “abordar cualquier preocupación de manera constructiva”.
Insiste, igualmente, en tener un sistema mejorado para la aplicación del procedimiento general de salvaguardias cuando sea necesario, y un mecanismo de vigilancia especial más fuerte para las importaciones de productos agrícolas de los beneficiarios que podría, en caso necesario, llevar a la retirada de las preferencias arancelarias.
Además, defiende mayor transparencia del procedimiento y la creación de un diálogo estructurado con la sociedad civil.