Madrid, 3 nov (.).- Gobierno y agentes sociales han retomado este miércoles la negociación de la reforma laboral, con Economía y la Seguridad Social sentados por primera vez a una mesa que lidera Trabajo y que hoy se ha centrado en la temporalidad, aunque con los ecos de la última propuesta presentada en la mesa de pensiones.
La limitación de la temporalidad en el mercado laboral es un tema espinoso para la patronal, a lo que se ha sumado su malestar tras proponer este martes la Seguridad Social un aumento transitorio de las cotizaciones para hacer frente al incremento del gasto que hasta 2050 provocará la jubilación de los nacidos durante el "baby boom".
Fuentes del diálogo social han calificado la reunión de hoy de "bronca", en tanto que en el Ministerio de Trabajo no han ocultado que quizá no era el momento más propicio para presentar esta propuesta justo ahora que se está tratando de llegar a un acuerdo para modificar la regulación del mercado de trabajo.
No obstante, fuentes del Ministerio de Trabajo han informado de que ha sido una reunión constructiva, con las dificultades a la altura del reto de reducir la temporalidad.
La CEOE también ha considerado la reunión cordial, pero con la complejidad que plantea la reforma del artículo 15 del Estatuto de los Trabajadores, el que regula la duración del contrato, y a la espera de que el Gobierno les presente un nuevo texto.
Todos parecen coincidir en que hay que atajar la temporalidad abusiva, aunque la patronal ha reaccionado hoy mismo a los datos de paro de octubre asegurando que si se crea empleo es gracias a la reforma laboral de 2012 y que si los ERTE han sido útiles para preservar el trabajo durante la pandemia es porque se han "inspirado" en la apuesta por la flexibilidad interna que guió aquella reforma del PP.
LAS DOS REFORMAS TIENEN QUE ESTAR LISTAS ANTES DE FINAL DE AÑO
Los plazos aprietan en las dos mesas, ya que tanto la reforma laboral como la de pensiones tienen que estar aprobadas antes de acabe el año, de acuerdo con el calendario de hitos comprometido con Bruselas y que hay que cumplir para que la Unión Europea vaya desembolsando los fondos de recuperación.
Más urgente es el mecanismo de equidad intergeneracional, el que ayudará a sufragar el gasto de la jubilación de los "baby boomers", que tiene que estar listo antes del 15 de noviembre para poder incorporarlo como enmienda a la ley que ya se está tramitando en el Congreso, que liga la revalorización de las pensiones a la inflación e incentiva el retraso de la jubilación, entre otras cosas.
En el acuerdo para esa ley que se firmó con los agentes sociales en julio se pactó que antes de mediados de noviembre tenía que estar listo el mecanismo de equidad intergeneracional, tanto con acuerdo como sin él.
En el caso de la reforma laboral, el objetivo prioritario del Gobierno es que salga con acuerdo de todas las partes, motivo por el que Calviño se ha involucrado directamente provocando una crisis en el Ejecutivo de coalición que ha quedado zanjada con el mantenimiento del compromiso gubernamental de derogar la reforma laboral de 2012 en los términos recogidos en el pacto de coalición de 2019 y en el plan de recuperación.
Sin embargo, nadie oirá a la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, hablar de derogación.
Ella sigue evitando una palabra que no le gusta, aunque defienda con claridad que hay recuperar la prevalencia del convenio sectorial, unos de los aspectos que el Gobierno considera más lesivos de la reforma laboral del PP que ahora se quiere revertir.
Según ha dicho, devolver la prioridad al convenio sectorial sobre el de empresa es fundamental para fijar unas condiciones salariales mínimas que permitan acabar con la precariedad que se ha producido en algunos sectores, como por ejemplo entre las camareras de piso.
Calviño no ha querido pronunciarse sobre la propuesta del ministro de Inclusión, José Luis Escrivá, de subir las cotizaciones, que ha recibido críticas de todo el espectro político.
De los partidos de la izquierda porque advierten de la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores, y de los de la derecha porque ven mejor crear más empleo y fomentar la natalidad.
Para CCOO se trata de una propuesta interesante porque pone el foco en la estructura de ingresos, en lugar de en el ajuste del gasto, mientras que el propio Escrivá ha incidido en que no supone "recortar ninguna pensión" y permitirá generar una "válvula de seguridad que da holgura" al sistema.