La Habana, 1 abr (EFE).- La nueva ley de inversión extranjera de Cuba, aprobada el sábado por la Asamblea Nacional, dará prioridad a once sectores económicos entre los que se incluye el agrícola y forestal, la industria de energía y minas, el comercio mayorista y la construcción.
La ley estará acompañada por una política para la inversión extranjera que se hará pública próximamente y que establece los sectores de mayor interés de Cuba para recibir capital foráneo, según precisaron al diario oficial Granma especialistas del Ministerio de Comercio Exterior e Inversión Extranjera (Mincex).
La lista incluye las áreas agrícola y forestal, la industria alimentaria, energía y minas, industria azucarera, la sideromecánica, ligera, química y electrónica, industria farmacéutica y biotecnológica, comercio mayorista, salud, construcción, turismo y transporte.
La adición del desarrollo del comercio mayorista fue resaltada hoy en el periódico, y podría tener una repercusión directa para el emergente sector privado del país, que tiene entre sus principales reclamos la falta de un mercado mayorista para respaldar sus producciones y servicios.
El titular del Mincex, Rodrigo Malmierca, ha recalcado que las actividades con prioridad para el desarrollo de negocios con capital foráneo son aquellas "que generen encadenamiento productivo, transfieran tecnología, incluyendo técnicas gerenciales y desarrollen infraestructuras industriales".
Malmierca también ha apuntado la importancia de que "generen energía, especialmente a través de fuentes renovables, se destinen a la producción agrícola, desarrollen la industria agroalimentaria, se dirijan a la producción de hidrocarburos y la minería, y potencien el turismo, incluido el de salud".
La nueva ley de inversión extranjera de Cuba busca atraer capitales foráneos como alternativa a la necesidad de desarrollo del país y el plan de reformas con el que la isla intenta reanimar su maltrecha economía y "actualizar" su modelo socialista.
La norma sustituye a la de 1995 y entrará en vigor dentro de 90 días, luego de su publicación en la Gaceta Oficial del país.