Bruselas, 29 nov (.).- El Tribunal de Cuentas de la Unión Europea avaló este miércoles la opinión de la Junta Única de Resolución (JUR) que considera "remoto" el riesgo de que se resuelvan en su contra los recursos pendientes por la resolución del Banco Popular (BME:POP) en 2017 y, por tanto, no comunicó ningún riesgo financiero ligado a esos litigios en 2022.
Así lo recogen en su informe de 2022 los auditores comunitarios, que están obligados a informar cada año de los pasivos contingentes -estos reflejan el riesgo financiero al que está expuesta una institución- derivados de las funciones de resolución de la JUR, la Comisión Europea y el Consejo.
La JUR, encargada de intervenir ante posibles grandes quiebras bancarias, no informó el año pasado de ningún pasivo contingente vinculado a los recursos judiciales pendientes en los tribunales europeos y nacionales contra la resolución del Banco Popular.
En concreto, a final de 2022 había 104 asuntos pendientes ante la Justicia europea, cuyo Tribunal General sentenció en junio de ese año que la decisión de resolver el banco fue legal, desestimó las peticiones de indemnización y condenó en costas a los demandantes, un veredicto contra el que se presentaron cinco recursos.
"A la luz de las sentencias del Tribunal General (...) y de los motivos invocados por las partes recurrentes, la JUR considera remota la probabilidad de un resultado negativo en estos nuevos asuntos", explican los auditores, quienes no encontraron "pruebas que contradijeran la evaluación de la JUR".
En cuanto a los 334 procedimientos abiertos en España contra el FROB, que ejecutó la resolución, la JUR también consideró que el riesgo de que se dicten sentencias contrarias al FROB "es remoto", una opinión también avalada por el Tribunal de Cuentas Europeo.
En general, la JUR no declaró en 2022 pasivos contingentes por ninguno de los otros once recursos judiciales contra las decisiones de resolución que ha tomado hasta el momento, incluida la resolución de las filiales en Europa del banco ruso Sberbank (MCX:SBER) a raíz de las sanciones por la guerra de Ucrania.
En el caso de los procedimientos ante la justicia europea porque no ve riesgo de que vayan a generar una salida de recursos económicos y, en el caso de los nacionales, porque no puede estimar el posible impacto financiero si los tribunales le obligan a indemnizar por daños y perjuicios.
Por el contrario, la JUR sí declaró que 1.887 millones de euros estarían en riesgo por los 39 recursos judiciales contra el cálculo de las contribuciones que exige a los bancos para financiar el Fondo Único de Resolución, destinado a financiar las resoluciones europeas si se agotan el resto de recursos.
Esto supone un importante aumento con respecto a los 5,5 millones declarados en 2021 en relación con ocho asuntos judiciales por esta causa, y a ellos se suman otros 4,6 millones en pasivos contingentes por los otros recursos que reclaman el pago de costas.
El Tribunal de Cuentas avaló esta declaración puesto que no les consta "ningún indicio de incorrección", pero pidió a la JUR reforzar sus sistemas de control para documentar mejor su razonamiento sobre aquellos asuntos judiciales pendientes en los que estima remota la posibilidad de que se resuelvan en su contra y tenga que realizar algún desembolso.