Atenas, 2 dic (EFE).- El Gobierno bipartito griego ha elevado el tono frente a la troika al negarse a aceptar algunas de las exigencias que los acreedores plantean a cambio del desembolso de un nuevo tramo del rescate de 1.000 millones de euros.
Concretamente, el Ejecutivo liderado por el conservador Andonis Samarás se resiste a reformar la legislación laboral para permitir los despidos colectivos y a levantar la moratoria a los desahucios, ambas exigencias formuladas por la troika (Comisión Europea, Banco Central Europeo y Fondo Monetario Internacional).
"Es incomprensible que alguien pida la liberalización de los despidos en un país con 1,5 millones de desempleados. Ni siquiera pude entender quién lo exige. Ninguna de las organizaciones patronales lo ha pedido. Deben explicarnos quién lo exige y por qué. ¿Que aportará al desarrollo y al emprendimiento?", señaló hoy el ministro del Interior, Yannis Mijelakis, en declaraciones a la emisora de radio Vima.
La legislación griega impide a las empresas con más de 150 trabajadores despedir a más del 5 % de su plantilla o a más de 30 empleados por mes, y además requiere de la aprobación del ministro de Trabajo.
Las empresas con menos empleados solo pueden despedir un máximo de seis trabajadores al mes.
En cambio, la troika pide una mayor liberalización con el argumento de que solo así Grecia puede ser competitiva.
Otro de los grandes escollos donde se mantienen las diferencias, según se desprende de las declaraciones de políticos de la coalición entre conservadores y socialdemócratas, es el levantamiento de la moratoria a los desahucios aprobada en 2009.
Presionado por sus propias filas, el Ejecutivo heleno pretende exceptuar de las ejecuciones hipotecarias a los propietarios de viviendas cuyo valor nominal no supere los 200.000 euros, para proteger así a los más vulnerables.
La troika, aunque dispuesta a que se proteja a los más vulnerables, es reacia a esta solución, porque considera que existe un "abuso sistemático" en este sector y porque ve necesario que haya una medida más contundente para permitir que el sector financiero se recupere.
Según informaciones del diario "Kathimerini", la troika ha propuesto bajar este listón de los 200.000 euros o vincular las excepciones a los ingresos de los propietarios en mora, fórmula que el Gobierno rechaza por temor a que no sea aprobada en el Parlamento.
"La protección de las personas socialmente vulnerables es el papel del Estado, no del sistema bancario", dijo en Bruselas el portavoz de Asuntos Económicos y Monetarios, Simon O'Connor.
La diputada conservadora Sofía Vultepsi respondió a este planteamiento diciendo que "los bancos han sido rescatados con el dinero de los contribuyentes griegos, que son los que están en riesgo de perder sus hogares".
La morosidad hipotecaria asciende al 23 % -mientras que el total de la cartera de créditos morosos en los bancos es del 30 %-, lo que supone un grave problema para el sector bancario.
La troika pretende que, permitiendo llevar a cabo la ejecución de las hipotecas morosas, los bancos podrían sanear en parte sus balances y así volver a poner en circulación liquidez para las empresas.
En este sentido, los bancos griegos esperan para los próximos días la publicación de los resultados de los "test de estrés" llevados a cabo por la compañía Black Rock, que harán especial incidencia en la cartera de activos problemáticos de los bancos.
Una solución que se ha barajado, según la prensa helena, es establecer subdivisiones en el seno de los bancos que manejen estos activos problemáticos, en forma de "bancos malos internos".
El primer ministro heleno viajará mañana a Bruselas con algunos ministros de su gabinete para tratar la presidencia europea que Grecia asume a partir del 1 de enero, además de intentar acercar posturas en los temas que aún le separan de la troika.
La intención es lograr un acuerdo antes de la cumbre europea del próximo día 20, aunque los jefes de misión de la troika no regresarán a Atenas antes del Eurogrupo que se celebrará el próximo lunes.EFE