Madrid, 6 sep (.).- Los expertos consideran que harán falta medidas adicionales a las puestas en marcha por el Gobierno hasta ahora para que la tarifa eléctrica tenga un coste para el consumidor en el conjunto del año similar al que tuvo en 2018, tal como ha dicho el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez.
De hecho, la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Energética, Teresa Ribera, ha avanzado hoy que trabaja desde comienzos de verano en otras iniciativas que espera poder llevar al Consejo de Ministros en las próximas semanas.
"Venimos de unos primeros meses del año donde los precios eran más moderados, pero desde antes del verano hasta ahora ha habido un ascenso meteórico", explica a EFE el profesor de EAE Business School, Víctor Ruiz.
"Para que se cumplan las previsiones del presidente, deben darse unas condiciones inminentes, como que se modere el precio de la energía" en el mercado mayorista, indica.
El precio ha dado un respiro (127,36 euros por MWh para mañana martes) y es el menor en una semana, pero triplica al que marcó el segundo martes de septiembre del año pasado (41,54 euros), según datos del operador del mercado OMIE.
El profesor de IEB Javier Santacruz coincide: "Es bastante improbable que se produzca un escenario de precios parecido al que ocurrió en 2018".
La subida de los productos alimentarios y de las materias primas energéticas produce en su opinión "una tormenta perfecta que es muy complicada de mitigar en los próximos meses".
Además, las ventas de energía que se cierran ahora con un precio fijo para 2022 "se están haciendo en el entorno de los 90 euros MWh" y es "muy difícil" que el precio de este año baje de ese nivel.
En 2018 se combinó una elevada demanda y subida de las materias primas, lo que se tradujo en precios altos que llegaron a alcanzar 71 euros MWh, recuerda Ruiz, un nivel muy inferior a los de este verano.
Para contener el precio, continúa, el Gobierno tendrá que mantener la reducción del IVA y la suspensión del impuesto a la generación eléctrica, así como adoptar "medidas de carácter inmediato, como intervenir en los costes regulados que existen actualmente".
Entre estos, menciona aspectos como la distribución eléctrica, el impuesto de CO2 y otros costes relativos a las energías renovables.
Además de mantener la reducción de impuestos, Javier Santacruz cree necesario incentivar las renovables y el parque de generación que ahora está inactivo y darle prioridad para reducir el precio del mercado mayorista.
El Ejecutivo aprobó a principios de agosto un proyecto de ley que prevé un recorte de 1.000 millones de euros anuales en lo que cobran algunas centrales (principalmente nucleares e hidroeléctricas).
La futura ley "es un proceso que plantea bastantes incógnitas, si bien porque no va a ser todo lo rápido que espera el Gobierno. Entre otras cosas necesita de un respaldo político, que no está del todo garantizado. Requiere también de la aprobación de Bruselas, que tampoco es segura", afirma Ruiz.
LA FACTURA FINAL
El recibo final que paga el consumidor refleja la evolución del mercado mayorista, pero este componente es solo una parte. En el caso de la tarifa regulada (PVPC), que está vinculado directamente con la evolución del mercado mayorista, supone aproximadamente el 35 %, mientras que para los consumidores en mercado libre dependerá de qué precio hayan pactado con su suministrador.
En los dos años (2019 y 2020) que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) lleva analizando los costes de tarifa en las encuestas del panel de hogares, la tarifa regulada ha sido más barata que las del mercado libre.
Según el último panel correspondiente al segundo semestre de 2020, los clientes en mercado libre pagaron por el suministro eléctrico 56,3 euros mensuales para un consumo de 214 KWh, frente a 34,4 euros y 197 KWh de consumo de los que tenían PVPC.
La CNMC calcula que el ahorro hipotético que habría logrado un consumidor que pase del mercado libre a PVPC habría sido del 28,2 %.
La encuesta muestra también el escaso conocimiento que los consumidores tienen de su recibo de la luz, ya que un tercio (33,2 %) no sabe qué tipo de tarifa eléctrica tiene contratada, y que la movilidad entre compañías es escasa, puesto que el 73,1 % asegura que no ha cambiado de suministrador en los dos últimos años y el 9,8 % no lo sabía o no lo recordaba.