Los intereses empresariales, también en juego con reforma migratoria en EEUU

Jairo Mejía

Washington, 15 feb (EFE).- La reforma migratoria podría influir en el negocio millonario de los centros de detención privados de indocumentados en EEUU, un "boom" iniciado en 2005 al que organizaciones no gubernamentales piden poner fin sin que las empresas obtengan prerrogativas.

El monto presupuestario federal en juego este ejercicio ronda los 2.000 millones de dólares para la custodia de inmigrantes, dinero canalizado por la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE), que dota y controla a su vez a unos 240 centro de detención privados, que se reparten esencialmente tres empresas.

En 2011, el Departamento de Seguridad Nacional, del que depende el ICE, detuvo un récord de 429.000 inmigrantes, un incremento progresivo que ha permitido que la cartera de ingresos federales de estas corporaciones se haya duplicado desde 2004.

Empresas como Correction Corporation of America (CCA), líder de este mercado de detenciones, o Geo Group han visto disparados sus beneficios desde 2005, año en el que la Administración de George W. Bush instauró una directiva para la detención obligatoria de inmigrantes que cruzan ilegalmente al país.

CCA y GEO Group facturaron conjuntamente más de 3.000 millones de dólares en 2012, con alrededor de un 40 % de esos ingresos provenientes del Gobierno federal.

La administración Obama ha mantenido la práctica iniciada en 2005, lo que ha permitido beneficios paralelamente al incremento del número de internos y camas disponibles en centros privados como el de Eloy en Arizona, uno de los de más rápido crecimiento del país.

Pese a que las empresas implicadas no quieren mezclarse en el debate político sobre inmigración públicamente, lo cierto es que, además de ser importantes contribuyentes de políticos -republicanos en su mayoría-, gastan importantes sumas en influir sobre funcionarios estatales y federales, unas dotaciones que están aumentando.

CCA gastó entre 2011-12 1,8 millones de dólares, por encima del millón de dólares de 2009-10, mientras que GEO Group volvió a rozar su récord de gasto en labores de "lobby" en 2009-10 con unos 900.000 dólares, según datos cruzados de OpenSecrets y Sunlight Foundation.

El mayor nivel en gasto para las relaciones públicas con legisladores se registró casualmente en ambas compañías en 2005-2006, con más de 5 millones gastados por CCA y de 900.000 dólares de GEO Group.

Según indicó el consejero delegado de CCA, Damon Hininger, en una llamada con inversores este mes "ICE ha dicho que va a haber demanda para camas (para detenidos), por las labores que realizan en el interior y la frontera, como aquellos que liberan de prisiones estatales y deben ser deportados; siempre habrá demanda fuerte sin importar lo que resulte de una reforma migratoria, aunque es muy pronto para asegurarlo".

Hininger recordó que el perfil del inmigrante puede cambiar de aquellos que han sido detenidos por cruzar ilegalmente a otros con delitos que deben ser deportados, pero el flujo se mantendrá previsiblemente.

Un portavoz de CCA matizó a Efe esas declaraciones pensadas para inversores, y aseguró que la compañía no "escribe borradores de leyes y no presiona de ninguna manera para promover legislación para la detención".

Por su parte, una portavoz del ICE aseguró a Efe que la labor de la agencia federal es hacer cumplir las leyes, asegurarse de que se trata adecuadamente a los detenidos y ahorrar costo a los contribuyentes.

A algunas organizaciones no gubernamentales preocupa el tono del actual debate migratorio, con la garantía de otorgar un camino hacia la ciudadanía, pero reforzando el control de la frontera y el cumplimiento de las leyes, algo que han respaldado demócratas y republicanos.

Emilie Tucker, directora de políticas de Detention Watch Network, dijo que su mayor preocupación es saber si "se va a proveer una vía a la regularización a cambio de mayor control policial y detenciones más largas y deportaciones".

Tucker recuerda que para las empresas privadas el asunto migratorio "es un buen mercado, como dicen a sus inversores. El Gobierno justifica estos contratos porque asegura que ahorra, pero no tenemos pruebas y la entrada de actores privados hace que haya intereses particulares. Eso nos preocupa".

"Pedimos a Barack Obama que derogue la detención obligatoria de indocumentados (de 2005) y se acabe con los abusos en esos centros de detención que cuestan al ciudadanos 160 dólares por interno al día", denuncia Tucker. EFE