Madrid, 4 jul (.).- El secretario general de Agenda Urbana y Vivienda, David Lucas, ha abogado por "romper el mantra de que la ley de vivienda no va a garantizar la seguridad jurídica", como sostienen los principales agentes del sector inmobiliario.
Lucas ha defendido que esta ley "va a garantizar la seguridad jurídica, protegiendo a arrendadores y arrendatarios y a compradores y vendedores", en una jornada inmobiliaria de Europa Press en la que el socio responsable de Real Estate de Deloitte, Alberto Valls, se ha mostrado convencido de que la nueva norma puede "ahuyentar" a los inversores estables y a largo plazo.
Tras recalcar que "va a haber ley" de vivienda, David Lucas ha incidido en que las medidas que recoge sobre el mercado de alquiler van "exclusivamente dirigidas a evitar movimientos especulativos" y ha llamado al sector a "no estar a la defensiva", sino a colaborar con figuras como el derecho de superficie.
A su juicio, la ley "no va a solventarlo todo", pero va a "establecer unas bases sólidas" que permitirán generar políticas, encuentros y cooperaciones necesarias para garantizar el derecho a una vivienda digna, adecuada y asequible, "que en estos momentos en España no está garantizado", ha argumentado.
Para ello, Lucas ha recordado que existe un sector inmobiliario "saneado" y voluntades presupuestarias por parte del Estado que tienen "posibilidades de confluir".
El experto de Deloitte le ha replicado que los 10.000 millones de euros que va a movilizar el Gobierno en vivienda hasta 2025 "tampoco resuelven tanto" y que "quien sacó al sector de la crisis (de 2009) fue la inversión extranjera".
Según su receta, es esencial conseguir inversores a largo plazo y estables y para ello se requiere "seguridad jurídica", "compañías grandes" e "industrialización".
El consejero delegado de Sociedad de Tasación, Juan Fernández-Aceytuno, ha coincidido en que "hay que cuidar al inversor" porque "la vivienda de reposición existirá si hay alguien que compre tu vivienda", y ha apuntado que en España la vivienda no está más cara que en otros países, sino que son los salarios los que están más bajos.
"No hay que demonizar a un inversor que paga quince millones de euros por un suelo en Madrid, porque a lo mejor a 45 años le salen los números, teniendo en cuenta las necesidades de los mayores del 'baby boom'", ha planteado.
En representación de los gestores de inversiones, el socio director responsable del área residencial de Azora, Javier Rodríguez Heredia, ha dicho tener la "esperanza de que esta ley se corrija o no nazca o nazca y desaparezca", y ha advertido de que "la inversión extranjera se mueve con muchísima rapidez y tarda mucho en volver cuando la has golpeado".
En su opinión, la ley de vivienda es "un Frankenstein que no aporta nada absolutamente positivo", una "generación de situaciones de inseguridad" y un "desenfoque de cuál es la solución al problema de vivienda, que pasa por que las administraciones se coordinen para generar suelo suficiente".