Madrid, 25 ene (.).- Uno de los grandes cambios de la Política Agraria Común (PAC) 2023-2027 es su "giro ambiental, manteniendo la rentabilidad de las explotaciones", con un 42 % del gasto destinado a ayudas a las prácticas que mejoran el medioambiente, los suelos o el uso de "inputs" en la producción.
En un entrevista con Efe, el secretario de Agricultura y Alimentación, Fernando Miranda, analiza éste y otros aspectos novedosos de la futura PAC, cuyo plan estratégico de aplicación nacional y sobre el que la Comisión Europea tendrá que pronunciarse en breve, España acaba de enviar a Bruselas.
"Las medidas que estaban dentro del 'greening' dejan de ser medidas por las que se pagaban ayudas y pasan a ser requisitos; la diversificación de cultivos, conservar los pastos permanentes o mantener superficie de interés ecológico se incluyen ahora como tales en la condicionalidad reforzada", detalla Miranda.
"Sobre esos requisitos mínimos hemos construido unas ayudas nuevas, los ecoesquemas, con una finalidad medioambiental. Y con un mensaje muy bueno para la sociedad: la PAC 'devuelve' el dinero invertido en ella con un servicio ambiental, manteniendo la rentabiliddad de agricultores y ganaderos".
A su juicio, permitirá "hacer esa transición ambiental, que cuando tengamos perspectiva nos hará observar un cambio muy profundo a la hora de hacer agricultura en España y la Unión Europea".
El plan de aplicación en España prevé que cada agricultor tenga al menos un ecoesquema a su alcance; son siete prácticas, divididas en las destinados a pastos permanentes, superficies de cultivo y cultivos leñosos.
Una vez presentado el plan estratégico a Bruselas y en procedimiento de exposición pública para la evaluación ambiental, los siguientes pasos de la PAC se centran en el paquete legislativo para aplicarla en España: "Ese trabajo ha comenzado ya; será una veintena de propuestas, una con rango de ley y el resto, de real decreto".
Miranda precisa que en ellas se "tocarán todos los aspectos que tienen que ver con la gobernanza de la PAC", desde cómo se hacen las solicitudes a cómo se comprobará la condicionalidad social; una tarea que "llevará todo el año" para que entre en vigor a final de 2022 y para el 1 de febrero de 2023 se abra la ventanilla con todo dispuesto desde el punto de vista legal y técnico.
El secretario de Agricultura y Alimentación incide en que en muchos casos los agricultores tendrán que tomar ya este año las decisiones sobre qué van a producir o a qué ecoesquema se va a acoger, por lo que el sector también tendrá que prepararse de cara al nuevo escenario.
INFORMACIÓN Y FORMACIÓN
"Este es el año de la información y la formación", defiende, porque "los agricultores tienen que saber qué hacer y cómo hacerlo", y hay es fundamental el trabajo de la administración agroalimentaria y el de las organizaciones y cooperativas.
Y cita como ejemplo poner en contacto a agricultores que ya hacen determinadas prácticas ambientales con otros productores, para extender su uso y hacerlo general, con lo que eso supondrá de beneficio para el medio ambiente, el suelo y el territorio.
En cuanto a las zonas agronómicas, de cara a cumplir con la convergencia (igual ayuda para misma producción de una zona), para la nueva PAC se ha pasado de 50 a 20 regiones, a partir de las recomendaciones de la Comisión Europea.
"Tenemos un país tremendamente diferenciado y el acuerdo con las autonomías es llegar a 20 regiones, para tener un modelo evolutivo y que en 2026 tengamos el 85 % de convergencia en cada reunión; y que en el 2029 se alcance de forma plena", explica Miranda.
DESARROLLO RURAL
Otro cambio fundamental trata del segundo pilar, referido al desarrollo rural: "Hemos pasado de tener 18 planes (CCAA y el del Ministerio) y las medidas del segundo pilar a integrarlo todo en un plan, en el que las acciones tienen que ser coherentes y sinérgicas entre sí".
"Lo que nos obliga el plan estratégico es a identificar qué necesidades tenemos y con qué medidas se va a responder y a ponernos todos de acuerdo en cómo hacerlo con los dos pilares de la PAC", señala.
Según subraya Miranda, el plan es "el marco en el que se tienen que mover el desarrollo de las políticas agroalimentarias del Estado y el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, y las comunidades autónomas, porque será como nos relacionaremos con la Comisión Europea".
La PAC tiene que "verse de una forma integral, como un instrumento que da soluciones para problemas", señala.
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