Madrid, 25 ene (.).- La Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (Muface) iniciará un proceso para modificar las condiciones de la segunda licitación del concierto de asistencia sanitaria nacional, ante lo que la aseguradora Adeslas ha anunciado que "reconsideraría" su postura si se "consolidan" los "avances" en la negociación con el Gobierno.
Muface ha comunicado este sábado que ha dejado sin efecto el plazo de presentación de ofertas para el concierto de asistencia sanitaria, que acababa este lunes, y que ha iniciado el proceso para modificar las condiciones de la segunda licitación del mismo.
La mutua ha afirmado que se acordará un nuevo plazo para la presentación de ofertas, y que, mientras se resuelve este asunto, "todos" los mutualistas, tanto titulares como beneficiarios, van a continuar recibiendo la misma asistencia sanitaria que disfrutan con las condiciones actuales.
Justo después de que la mutua hiciera este anuncio, Adeslas ha asegurado en un comunicado que ha estado manteniendo a lo largo de esta pasada semana diferentes contactos con el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública y que fruto de estas conversaciones se han producido "avances significativos" que permitirían resolver la situación actual y definir un modelo justo, equilibrado y sostenible para Muface.
"Si estos avances se consolidan en una propuesta adecuada por parte de la Administración", la compañía "reconsideraría la posición actual y daría los pasos necesarios para dar continuidad de forma favorable a su presencia en Muface".
La aseguradora ha apuntado que siempre ha estado a favor de este modelo sanitario por los beneficios que ofrece a los funcionarios públicos y sus familiares y las ventajas que supone para el conjunto del sistema sanitario.
Segunda licitación y segunda vez que se amplía el plazo
Esta es la segunda licitación lanzada por Muface y la segunda vez que se amplía el plazo para recibir ofertas de las aseguradoras, con las que el Gobierno negocia contrarreloj para dar continuidad los próximos tres años al modelo dual de asistencia sanitaria de los funcionarios, que pueden elegir entre la sanidad pública o la privada.
DKV y Adeslas, dos de las prestadoras que actualmente dan servicio a 1,5 millones de beneficiarios, entre funcionarios y familiares, habían comunicado que no se presentarían al concurso en las condiciones publicadas por considerar que la prima ofrecida por Muface les haría incurrir en pérdidas millonarias.
Según el pliego de condiciones, la prima media por mutualista al año pasará de 1.032,12 euros en la actualidad a 1.262,28 en 2027.
Hace una semana el Gobierno contestó a una consulta vinculante formulada por Asisa en el marco de la licitación, a la que aclaró que compensaría a las aseguradoras que acudan al nuevo concierto si hay "variaciones significativas" en el coste de la prestación del servicio ante determinados supuestos.
El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, se mostraba este viernes "optimista" y "casi convencido" de que habrá un acuerdo para sacar adelante el concierto.
En declaraciones en Onda Cero, incidía en que se está trabajando "intensamente" y explorando fórmulas para dar una solución a la situación de Muface, lo que incluye conversaciones con el sector asegurador.
Un debate abierto sobre el modelo
Más allá de este nuevo contrato, la situación ha abierto el debate sobre la idoneidad de un sistema que implica que el Estado cofinancie un seguro médico privado para los funcionarios públicos.
Dentro del propio Ejecutivo existen discrepancias. Sumar ya planteó en su programa electoral la extinción progresiva de la atención sanitaria privada para los funcionarios y el Ministerio de Sanidad publicó recientemente un informe en este sentido.
Para el PSOE, según el titular de Función Pública, Oscar López, es un debate que se puede abordar, pero una vez quede resuelta la situación para los próximos tres años.
CSIF convocará huelga entre los funcionarios afectados si la licitación queda desierta
En todos estos meses, los sindicatos han venido reclamando la continuidad de este modelo que rechazan calificar de "privilegio".
CCOO y UGT han pedido al Gobierno y a las aseguradoras un esfuerzo para garantizar su continuidad y, de forma más beligerante, CSIF ya ha anunciado una convocatoria de huelga si la licitación vuelve a quedar desierta.
La convocatoria afectaría a todos los ámbitos con personal afectado por la "crisis" en Muface: centros educativos públicos, centros de la Administración General del Estado (ministerios y dependencias adscritas, organismos oficiales, delegaciones de Gobierno, entre otros) y Correos.
Otros sindicatos (ANPE, FEDECA, SIAT, SPP, SUP, UFP, USIE y USO) han creado una plataforma para defender y exigir conjuntamente la continuidad de este servicio, reclamando responsabilidad a todas las partes esta semana ante la sede madrileña de Muface.
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