San Juan, 7 feb (EFE).- La oposición puertorriqueña calificó hoy de bochornosa la declaración de inconstitucionalidad de la ley para la reestructuración de la deuda, que busca que las agencias públicas puedan declararse en quiebra, mientras los titulares de deuda celebran la decisión de la Justicia federal.
"Resulta un bochorno monumental que tras la fanfarrona amenaza del gobernador de que demandaría a las casas acreditadoras, su liderato legislativo y su Departamento de Justicia hayan quedado sin lugar a dudas como ineptos, irresponsables y faltos de prudencia o juicio", criticó hoy la representante opositora Lourdes Ramos.
Un juez federal falló el viernes que la ley de reestructuración de la deuda, conocida como ley de quiebra criolla, que el Gobierno de Puerto Rico aprobó en junio para que sus agencias públicas pudieran declararse en quiebra sin arrastrar a todo el Estado, es inconstitucional porque entra en conflicto con la ley de bancarrotas que rige en todo Estados Unidos.
La correspondiente demanda fue interpuesta por varios fondos de inversión estadounidenses que en conjunto tienen 2.000 de los cerca de 9.000 millones de dólares de deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico (AEE, o PREPA en inglés), compañía pública que monopoliza el mercado en la isla y que está ahogada por las deudas y los problemas de gestión.
"Nos complace la decisión del juez. Estamos deseando trabajar con los accionistas de la AEE para encontrar un camino hacia la sostenibilidad", dijo en un comunicado Matthew McGill, abogado de BlueMountain Capital Management, uno de los fondos de inversión demandantes.
Para el principal partido de la oposición, esta decisión deja claro que "el Gobierno de Alejandro García Padilla no puede seguir gobernando y legislando a la trágala, a espaldas del pueblo y abrogándose facultades que no tiene".
"La fanfarronería le costó una nueva degradación de bonos sobre ya un degradado panorama y, aún así, la actitud de guapo de barrio del gobernador y de sus cómplices prevaleció para pretender que estaba por encima de las leyes federales para seguir estrangulando al ciudadano común de manera ilegal y dictatorial", apuntó Ramos en un comunicado.
En ese sentido, recordó que con esta decisión son ya cinco las leyes promulgadas por García Padilla que son declaradas inconstitucionales: la reforma del retiro (jubilación) de los maestros, la de los jueces, la eliminación de varias procuradurías, la colegiación obligatoria del Colegio de Abogados y la conocida como ley de quiebra criolla.
La nulidad de la Ley para el Cumplimiento con las Deudas y para la Recuperación de las Corporaciones Públicas, que se puede recurrir, implica que las empresas que se quisieran acoger a ella no podrán hacerlo para dejar de pagar sus deudas, así que, en la práctica, deberán sentarse a negociar previamente con sus deudores.
"Estamos revisando los parámetros de la decisión. A su debido tiempo y, luego del análisis responsable que este asunto conlleva, determinaremos el curso de acción", dijo el secretario de Justicia, César Miranda, sin adelantar por tanto si la decisión del juez Francisco Besosa será recurrida.
En una declaración escrita, únicamente apuntó que solicitó de la procuradora general y de los abogados que intervinieron en la defensa original del Estado Libre Asociado en esta acción ante el tribunal federal "que completen el análisis que la decisión demanda. Luego decidiremos la acción a tomar".
En su decisión, el juez prohíbe a las autoridades gubernamentales actuales y futuras que implementen la ley, que fue aprobada por el Legislativo de la isla sin debate previo.
Las empresas públicas de Puerto Rico son titulares de casi el 40 % de la deuda de los 73.000 millones de dólares que tiene emitidos la isla.
La legislación estadounidense prohíbe que el Gobierno de Puerto Rico y sus entidades públicas se acojan al capítulo 9 de su ley de bancarrota, tal y como hizo Detroit en el pasado.
Al aprobar la ley, el gobernador de hecho explicó que Puerto Rico es "la única jurisdicción de EE.UU., y probablemente del mundo, que no tiene un ordenamiento legal para el manejo" de los procesos de reorganización de deuda.