Madrid, 1 dic (.).- La Audiencia de Madrid ha ordenado que sea la Audiencia Nacional la que investigue el caso Restalia, sobre una presunta estafa a franquiciados de este grupo, en lugar del juzgado que llevaba el caso hasta ahora, que había archivado la causa y defendía su competencia en contra del criterio de los denunciantes y de la Fiscalía.
Se trata de la denuncia interpuesta en 2021 por una treintena de franquiciados del grupo Restalia, a los que luego se unieron más, contra varios responsables del grupo, la propia sociedad y varias de sus filiales como 100 Montaditos, La Sureña y The Good Burger (TGB), a los que se acusa de actuar "con engaño" hacia los franquiciados, muchos de los cuales se vieron abocados "a ruina económica".
El Juzgado de Instrucción número 52 de Madrid abrió una investigación por presuntos delitos de estafa, organización criminal, coacciones, delitos informáticos y delitos contra los consumidores, que eran los que exponían en la denuncia los afectados, representados por los bufetes Cremades & Calvo-Sotelo y Rafael Franco Abogados.
Pero tras recibir un informe pericial económico el magistrado Jesús de Jesús Sánchez sobreseyó provisionalmente la causa el pasado mes de enero, alegando que no hay delito de defraudación o maquinación para alterar el precio de las cosas, y ya en junio desestimó la petición de cambio de jurisdicción reiterando que en todo caso habría estafa.
Los denunciantes recurrieron el sobreseimiento y alegaron que el caso debe dirimirse en la Audiencia Nacional porque hay afectados en toda España, se apunta el delito de organización criminal y por el montante de lo supuestamente estafado, que asciende a unos veinte millones de euros solo con los primeros treinta denunciantes.
Ahora la Audiencia Provincial estima los recursos de los denunciantes contra el auto de junio, lo revoca y ordena que el caso lo investigue la Audiencia Nacional, en un auto contra el que no cabe recurso.
Tras recordar que la Fiscalía se pronunció a favor de esta petición, los magistrados explican que el "el propio juez califica los hechos como presuntamente constitutivos de un delito de estafa, esto es, de una defraudación".
"Y de los datos que obran en autos resulta que son múltiples los perjudicados, más de ochenta, perfectamente identificados y dispersos por varias provincias del territorio nacional. La actividad presuntamente delictiva es sin duda de relevante significación económica y, como decimos, previsiblemente extiende sus efectos al territorio competencial de varias Audiencias, incluso a otros países", agrega.
Los jueces añaden que en este caso "no solo concurre un elemento cuantitativo, pues se cifra inicialmente el perjuicio total en más de diecinueve millones de euros, sino otros factores como la existencia de un número significativo de perjudicados, la residencia de estos en territorios de distintas comunidades autónomas o la complejidad de los hechos investigados".
Y destacan que "los denunciados son múltiples y forman un complejo entramado societario a través de más de cuarenta mercantiles vinculadas directa o indirectamente con Restalia Grupo de Eurorestauración, S.L. cuya matriz es Eurorestalia Holding, SL".