Madrid, 15 feb (.).- Distintas organizaciones, como la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) o Red Acoge, han puesto de manifiesto la exclusión financiera que padecen las personas migrantes y solicitantes de asilo, a quienes en muchos casos se les deniega la apertura de cuentas bancarias por motivos "contrarios" a la ley.
Lo hacen tras constatar más de 300 incidencias recogidas por las propias organizaciones que muestran que en el 80 % se niega la apertura de este tipo de cuentas por causas contrarias a la legislación vigente, tales como no reconocer documentos de identidad válidos como el resguardo de solicitud de protección internacional, aseguran en un comunicado conjunto.
Pero también los bancos piden documentación adicional que no está recogida en la normativa o reclaman el cobro de altas comisiones, incluso, señalan las organizaciones, "en aquellas situaciones en las que se cumplen los requisitos para solicitar la gratuidad de este tipo de cuentas", con lo que consideran que estas trabas de los bancos "vulneran el derecho de las personas en situación de mayor vulnerabilidad a la inclusión financiera".
Y son casos, señalan las organizaciones, entre las que también se encuentran Adoratrices, Andalucía Acoge y Movimiento por la Paz (MPDL), que tan solo muestran "la punta del iceberg", ya que la mayoría de estas exclusiones queda sin registrar.
Aseguran que los organismos competentes no han dado respuesta a este problema, por eso lanzan una iniciativa en redes para exigir medidas urgentes y que se cumpla la legislación actual, reforzando los mecanismos de control y supervisión para poner fin a la exclusión financiera.
Las organizaciones recuerdan que llevan dos años denunciando la situación ante las entidades, el Banco de España, el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (Sepblac), el Ministerio de Consumo y diferentes grupos parlamentarios.
Representantes de las organizaciones se reunieron ayer lunes con la adjunta segunda del Defensor del Pueblo, Patricia Bárcena. La institución dirigida por Ángel Gabilondo espera contestación desde el mes de mayo de 2021 de la Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional a las consultas que ha realizado sobre este asunto.
Además, la oficina del Defensor mantiene abiertas actuaciones con el Banco de España tras recibir "numerosas" quejas de ciudadanos extranjeros en este sentido.