Bruselas, 2 mar (.).- Los países de la Unión Europea (UE) llegaron este jueves a un acuerdo para dar más garantías a los consumidores que adquieran productos financieros en línea, en particular, el derecho a retractarse de la compra en 14 días fácilmente, a recibir información con antelación y a exigir que le atienda una persona.
Las medidas, propuestas por la Comisión el año pasado, buscan actualizar unas reglas que datan de 2002 a la digitalización del sector financiero y la aparición de nuevos servicios, como las llamadas "fintech" o las transacciones con criptodivisas, y en un momento de auge de la contratación a través de Internet, que se acentuó aún más con la pandemia de covid-19.
El acuerdo cerrado hoy por los ministros de Industria y Mercado Único de la UE, apoya garantizar un periodo de 14 días para que el consumidor pueda retractarse de la firma del contrato sin tener que dar ninguna razón ni pagar penalización, como ya ocurre con las compras de otros productos a través de Internet, y que los proveedores pongan un "botón" en sus páginas web que permita al consumidor ejercer este derecho fácilmente.
Los países proponen, de hecho, modificar también la directiva sobre derechos del consumidor para extender estos "botones de retractación" a todos los contratos que se firmen a distancia, con el objetivo último de que retirarse de un contrato de este tipo no sea más complicado que suscribirlo.
El periodo de retractación sería de 30 días en el caso de los productos de pensiones y se ampliaría hasta los 12 meses (más los 14 días iniciales) en caso de que el consumidor no fuese informado de su derecho a desistir de la compra.
Los Veintisiete acordaron además mejorar la información precontractual que tienen que proporcionar los proveedores de servicios financieros y exigir que, cuando utilicen herramientas como los "chats" o el asesoramiento automatizado, garanticen que el consumidor puede pedir "intervención humana" para que le expliquen los efectos del contrato.
Asimismo pasarán a aplicarse a los productos financieros vendidos en línea ciertas partes de la directiva general de protección del consumidor, como las relativas a los contratos concluidos por teléfono, las ventas por inercia (cunado el proveedor envía bienes o servicios no solicitados a potenciales clientes) o la posibilidad de que los Estados pidan proporcionar la información precontractual en el propio idioma.
Bruselas había propuesto elevar las multas en caso de que se produzcan infracciones generalizadas a nivel transfronterizo, que podrían llegar como máximo al 4 % de la facturación anual de la empresa.
Aunque la mayoría de servicios financieros ya están cubiertos en la UE por regulaciones sectoriales, estas normas servirán de "red de seguridad" mínima para aquellos que no están regulados de forma específica o donde no hay disposiciones concretas de protección del consumidor, como es el caso de ciertos productos de seguros y pensiones.
El acuerdo servirá de base para negociar con la legislación definitiva con la Eurocámara antes de que pueda entrar en vigor.