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Luxemburgo, 20 oct (.).- Los ministros de Justicia de la Unión Europea pidieron este viernes más "flexibilidad" en la futura normativa que armonizará ciertos aspectos del derecho de insolvencia a nivel comunitario.
El asunto se abordó en un Consejo, donde los ministros hablaron de una propuesta que la Comisión Europea adoptó en diciembre de 2022 para armonizar ciertos aspectos de los regímenes nacionales de insolvencia en la UE.
España, que ostenta la presidencia del Consejo de la UE hasta final de año, pidió a los países que dieran su opinión en particular sobre uno de los elementos donde se busca una aproximación a nivel comunitario: las acciones rescisorias.
Esas acciones, precisó la ministra española de Justicia en funciones, Pilar Llop, a sus homólogos, buscan poder declarar nulos los actos jurídicos del deudor realizados en perjuicio de los acreedores antes de la apertura de los procedimientos de insolvencia.
Se trata, precisó, "de recuperar activos en beneficio de los acreedores".
La ministra invitó en particular a las delegaciones a precisar si creen que las normas propuestas dejan suficiente flexibilidad.
Una amplia mayoría de los países consideraron que hace falta seguir trabajando a nivel técnico para asegurar de manera más clara que existe la flexibilidad necesaria.
Alemania subrayó que esa armonización que plantea la propuesta "es deseable" pero que hace falta más flexibilidad en las acciones rescisorias puesto que deben servir al interés tanto de un conjunto de acreedores como de acreedores individuales y apuntó a la importancia de "conciliar" ese aspecto, para lo que hace falta "margen de maniobra".
Francia, por su parte, destacó la importancia de la futura legislación "para la integración de los mercados de capitales y la capacidad de financiar grandes inversiones", pero solicitó un régimen "equilibrado" para las acciones rescisorias, que prevea más flexibilidad.
Por su parte, Finlandia, se mostró preocupada por la posibilidad de que la directiva establezca disposiciones que sean "peores" que las vigentes en el sistema finlandés "el más eficaz del mundo según el Banco Mundial", dijo la ministra finlandesa de Justicia, Leena Meri.
Mencionó en particular el procedimiento previsto para las microempresas, que "en muchos aspectos es peor que el que tenemos para bancarrotas".
"El texto debe ser más flexible para que los Estados miembros puedan encajarlo en su legislación nacional", añadió la misma ministra.
También Portugal alertó sobre la posibilidad de unas normas que "pongan en entredicho los regímenes nacionales más favorables".
Otros, como Irlanda, opinaron que las propuestas "son demasiado detalladas" y abogaron por disposiciones más generales.
"Puedo concluir que hay una petición prácticamente unánime a favor de que se conceda una mayor flexibilidad a la hora de establecer normas mínimas en la armonización de las acciones rescisorias en la propuesta de directiva", dijo la ministra española, Pilar Llop, al término del debate público.
Añadió que hará falta "una mayor reflexión a nivel técnico" y que los expertos "continuarán analizando esta cuestión sobre la base de las orientaciones políticas que se han dado".
La propuesta de directiva pretende armonizar algunos elementos de los regímenes nacionales de insolvencia empresarial para impulsar las inversiones.
El objetivo de la propuesta, que deben aprobar los gobiernos comunitarios y el Parlamento Europeo es triple: asegurar que los acreedores recuperan todo el valor de la compañía liquidada, mejorar la eficiencia de los concursos y conseguir que la distribución de las deudas recuperadas sea justa y predecible.
Según Bruselas, el mosaico de normas para concursos de acreedores que impera ahora en la Unión Europea es un obstáculo para el desarrollo integral de un mercado de capitales en el bloque y también un desafío para los inversores que tienen que considerar 27 conjuntos de normas diferentes.
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