Santiago de Chile, 3 ene (.).- El Parlamento chileno retomó este miércoles la discusión sobre la reforma de pensiones que propone el Gobierno del presidente Gabriel Boric, uno de sus proyectos estrella y que lleva más de un año estancado en la Cámara.
La reforma, que se presentó en noviembre de 2022, busca subir la cotización del 10 % actual al 16 %, a cargo del empleador, y elevar así las bajas pensiones que reciben la mayoría de los chilenos.
"Se han hecho un sinfín de mesas técnicas y mesas políticas. Lo que hemos buscado es reducir y simplificar el proyecto, recoger ideas de la oposición, de los expertos, para cumplir con el objetivo esencial del proyecto: mejorar las pensiones", indicó a los periodistas la ministra de Trabajo y Previsión Social, Jeannete Jara.
El principal punto de fricción es el destino de ese 6 % adicional, que la oposición quiere que se destine totalmente a las cuentas de capitalización individual de cada trabajador.
A finales de diciembre, el Gobierno presentó su última propuesta de distribución, que incluye el 3 % a un seguro social, el 2 % a las cuentas de capitalización individual y el 1 % a fortalecer el empleo y la formalidad laboral de las mujeres.
Jara explicó que el 3 % destinado al seguro social permitirá subir las pensiones de los cerca de 1,2 millones de jubilados actuales "de acuerdo a los años que cotizaron", y afirmó que el proyecto "no es para los que no trabajaron y no cotizaron, sino para los que, cotizando, tienen pensiones que no les permiten llegar a fin de mes".
"Esperemos tener todos la voluntad necesaria para avanzar, superar nuestras diferencias y poner a los pensionados y sus precarias condiciones de vida como una prioridad en nuestro país", añadió la ministra.
Las pensiones llevan años en el listado de las principales preocupaciones de los chilenos y Gobiernos anteriores intentaron sin éxito reformar el sistema, una de las principales demandas en la ola de protestas de octubre de 2019.
El sistema de pensiones chileno, creado por el régimen de Augusto Pinochet (1973-1990), fue pionero en la capitalización individual y obliga a cada trabajador a aportar un 10 % mensual de su sueldo a una cuenta personal de la que puede disponer cuando se jubile y que es gestionada por las polémicas administradoras privadas de pensiones (AFP).
En los últimos años, el modelo ha sido ampliamente criticado por las escasas pensiones que otorga.
La media pagada entre junio de 2022 y junio de 2023 fue de 155.907 pesos para los hombres (cerca de 176 dólares) y 48.360 pesos para las mujeres (55 dólares), mientras que la pensión promedio fue de 283.455 pesos (321 dólares) y 111.237 pesos (cerca de 126 dólares), respectivamente, según la Superintendencia de Pensiones.
En 2008, MIchelle Bachelet (2006-2010 y 2014-2018) hizo una reforma y creó una pensión financiada por el Estado para los más pobres, que se amplió en 2021 durante el gobierno del conservador Sebastián Piñera.