Madrid, 8 abr (.).- Organizaciones y movimientos de pensionistas se han posicionado en contra del Pacto de Toledo y piden que se derogue la ley de creación del fondo de pensiones privadas (PPEs) a través de la negociación colectiva, y que "ni un solo euro de los salarios diferidos en la vida laboral de las trabajadoras y trabajadores, se destinen a fomentarlos".
Así se indica en un comunicado remitido esta noche a EFE por la Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones (COESPE) y firmado también por asociaciones como Asjubi40 (Asociación Jubilación Anticipada sin Penalizar); EHPM (Movimiento de Pensionistas de Euskal Herria); MADPP (Movimiento Andaluz por la Defensa de las Pensiones Públicas); MODEPEN (Movemento Galego en Defensa das Pensións e os Servizos Públicos); y plataformas de pensionistas.
En el comunicado, remitido horas antes de que este lunes se reúna la comisión de seguimiento y evaluación de los acuerdos del Pacto de Toledo, las organizaciones firmantes recuerdan a la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, y a la comisión, que cuestiones "fundamentales para garantizar pensiones públicas dignas y suficientes siguen pendientes"
Además, aducen que "compromisos recogidos en la Ley, como la Auditoria de las cuentas de la Seguridad Social y la tasa de reemplazo de las pensiones públicas, siguen sin realizarse".
Denuncian que las condiciones de vida de los pensionistas se están deteriorando debido al incremento de los costes de productos y servicios públicos y a la insuficiencia de las pensiones públicas y, especialmente, "sufrimos las consecuencias de la privatización de los servicios de sanidad, residencias y el encarecimiento de dichos servicios".
Sostienen que la insuficiencia de las pensiones, "tiene cara de mujer y se sigue sin adoptar medidas eficaces para erradicar la brecha de género en salarios y pensiones y mejorar sustancialmente la pensión de viudedad".
"Las decisiones adoptadas para mejorar las pensiones mínimas -continúa el comunicado- son muy insuficientes y después de más de seis años de exigir una pensión mínima de 1.080 euros seguimos esperando".
Así mismo, critican que "la tasa de reemplazo de las pensiones sigue disminuyendo debido a que los recortes introducidos en la reforma del 2011 se mantienen en la del 2021 y se siguen reduciendo a medio plazo".
Además, "la edad de jubilación aumenta de manera progresiva, se van profundizando las medidas de contraer al máximo el sistema público de pensiones y la seguridad social, sin resolver de manera definitiva la grave medida de reducir las pensiones a aquellas trabajadoras y trabajadores con 40 años o más de cotización en su vida laboral".
Reclaman que "todo el esfuerzo que se está realizando por construir un sistema complementario de pensiones privadas se aplique en garantizar el sistema público y mejorar las pensiones públicas".