Lisboa, 3 ene (.).- Portugal va a prohibir a las empresas recurrir a servicios externos para asegurar las funciones que realizaba un trabajador que ha sido despedido, durante el año siguiente a la rescisión del contrato.
La propuesta, elaborada por el Gobierno socialista luso -con mayoría absoluta-, fue aprobada este martes en la Comisión de Trabajo del Parlamento y es una de las reformas que se introducirán en la legislación laboral del país.
La nueva norma recoge que "no está permitido recurrir a la adquisición de servicios externos a una entidad tercera para satisfacer necesidades que fueron aseguradas por un trabajador cuyo contrato haya cesado en los doce meses anteriores por despido colectivo o despido por extinción del puesto de trabajo".
La propuesta fue aprobada gracias a los votos a favor de los socialistas, los comunistas y el Bloco de Esquerda.
También se aprobó otra norma que limita a cuatro las renovaciones de los contratos de trabajo temporales, que hasta ahora podían llegar a seis.
Estas reformas forman parte de la Agenda del Trabajo Digno lanzada por el Gobierno, que está en trámite en el Parlamento y que busca combatir la precariedad, promover la conciliación laboral, personal y familiar y la igualdad y crear mecanismos e incentivos para la participación activa de los trabajadores y del diálogo social.
Una vez sea aprobada de forma definitiva en el pleno, se espera que la nueva legislación laboral pueda entrar en vigor en el primer trimestre de este año.