Lisboa, 6 may (.).- El Gobierno portugués aprobó hoy la creación de una tarifa social para facilitar el acceso a internet a las familias con menos recursos, que entrará en vigor el 1 de julio y cuyo precio todavía no ha sido definido, a falta de una negociación con los operadores de telecomunicaciones.
El ministro de Economía luso, Pedro Siza Vieira, explicó en rueda de prensa que la medida, aprobada en Consejo de Ministros, alcanzará a un universo similar al que ya se beneficia de las tarifas sociales de electricidad y de agua, unas 700.000 familias.
El paquete permitirá el acceso a nueve servicios básicos previstos en el código europeo de telecomunicaciones: correo electrónico, motores de búsqueda, programas educativos, noticias, compras online, ofertas de empleo, servicios bancarios, servicios públicos y redes sociales y servicios de videollamadas.
Tendrá un límite de 10 GB por mes y una velocidad de descarga de 30 megabytes por segundo.
"Es un servicio que hoy en día es tan básico y necesario como el agua y la electricidad", defendió Siza Vieira, que no anticipa problemas en las negociaciones con los teleoperadores.
"No espero que sea controvertido, es un servicio público básico y creo que el coste que vamos a fijar será simultáneamente accesible para estas familias y compatible con los costes inherentes al servicio", señaló.
El ministro no cree que vaya a hacer falta dar un apoyo adicional a los operadores, aunque si demostrasen que los costes efectivos que les implica el servicio son superiores al precio fijado para las familias se podría establecer un mecanismo de compensación.
En Portugal, el 82 % de los hogares tienen internet de banda ancha y el 18 % de la población nunca ha accedido a internet, según datos del Eurostat.
Portugal cuenta con tarifas sociales de electricidad y de gas a las que pueden acceder personas con contratos de baja tensión que reciben subsidios o cuyos ingresos anuales no superan los 5.808 euros, a lo que se suma un 50 % por cada miembro de la familia que no tiene ingresos.
Suponen un descuento del 33,8 % respecto a los precios de referencia del mercado regulado en el caso de la luz y del 31,2 % en el del gas.
También hay una tarifa social para el agua que depende de los ayuntamientos, que establecen los escalones de ingresos máximos que puede tener una familia para acceder a la medida y los descuentos que se aplican.