Natalia Kidd
Buenos Aires, 27 feb (.).- Un grupo de gobernadores del sur de Argentina buscó este martes rebajar la tensión con el Gobierno del presidente Javier Milei, al que pidió abrir un diálogo por el recorte de transferencias de fondos a las provincias emprendido por el Ejecutivo argentino, una creciente controversia que ha escalado hasta el terreno judicial.
La sureña provincia de Chubut decidió aparcar el ultimátum que había lanzado el viernes último de cortar desde este miércoles el suministro de hidrocarburos si el Estado nacional no le restituía fondos de la coparticipación de impuestos federales que le retuvo por una deuda de la provincia.
Chubut -la segunda mayor productora de petróleo de Argentina y la tercera de gas natural- resolvió desistir de una medida de protesta de tal magnitud después de que un tribunal federal le diera la razón en su reclamo y ordenara al Gobierno de Milei cesar en la retención de fondos y conminara a las partes a llegar a un acuerdo por la deuda.
Aunque se trata de un fallo que el Estado nacional puede apelar, el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, dio por "saldada" la controversia y dijo que la decisión judicial abre la oportunidad para que el Gobierno de Milei y las provincias establezcan un diálogo y busquen consensos para resolver los graves problemas económicos que sufre Argentina.
"Si el Gobierno tiene la humildad suficiente para escuchar al interior productivo, Argentina va a salir adelante de una vez por todas", afirmó Torres, que integra Propuesta Republicana (Pro, centroderecha), partido liderado por el expresidente Mauricio Macri (2015-2019), un aliado de Milei.
En esta intención de rebajar tensiones y promover el diálogo, Torres es secundado por el resto de los gobernadores de la sureña región de la Patagonia (La Pampa, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz y Tierra del Fuego), que este martes acudieron al Senado argentino, donde dieron luego una rueda de prensa.
El escenario no es casual: la Cámara Alta es la representación legislativa de las provincias, donde por estas horas se discute validar o no un polémico decreto que Milei firmó en diciembre pasado, pocos días después de asumir la Presidencia, para sentar las bases de su ambiciosa reforma para desregular la economía.
Desde el Senado, donde el oficialismo es la tercera minoría, los gobernadores patagónicos tendieron una invitación al diálogo a Milei, pero reclamaron al presidente, quien por redes sociales ha lanzado fuertes mensajes descalificando a los mandatarios provinciales, que las conversaciones sean sin "insultos" y respetando la Constitución argentina.
"No vamos a construir una Argentina mejor desde el insulto y el agravio. El diálogo debe tener como principio transversal el respeto", afirmó el gobernador de La Pampa, el peronista Sergio Ziliotto.
El conflicto por los fondos no se restringe a Chubut, sino que se extiende a casi la totalidad de las provincias argentinas, que, en mayor o menor grado, se han visto afectadas por el recorte o la eliminación de los fondos que el Estado nacional gira a las provincias por el reparto de la recaudación de tributos federales o por transferencias no automáticas para gastos en educación, salud, seguridad, transporte y obras públicas.
Este drástico recorte obedece al objetivo de Milei de lograr el superávit fiscal este año, lo que implica un severo ajuste, en medio de un delicado escenario de retracción de la actividad económica, elevadísima inflación y crecientes niveles de pobreza.
"Las transferencias discrecionales de fondos van a desaparecer, en este momento de la Argentina donde no hay plata y donde la premisa de déficit cero es inamovible", subrayó este martes en rueda de prensa el portavoz presidencial, Manuel Adorni.
Torres afirmó estar de acuerdo con "acomodar las cuentas" públicas del país, pero advirtió que hay un "límite" y ese es "meterse con la salud, la educación y la seguridad" de los ciudadanos de las provincias.
Un límite que, como hizo él, otros gobernadores han decidido poner acudiendo a los tribunales: Río Negro también reclamó en la Justicia federal, mientras que las provincias de La Rioja, La Pampa, Misiones y Buenos Aires lo hicieron ante la Corte Suprema, configurando un severo conflicto económico y político que ya alcanza los estrados judiciales y que están por el momento muy lejos de ser saldado.
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