San Juan, 2 ene (EFE).- El Gobierno de Puerto Rico afronta 2015 con los desafíos de hacer frente a su deuda pública y de reactivar una economía que sigue sin dar señales de recuperación después de años de estancamiento.
Las autoridades puertorriqueñas comienzan hoy, a pesar de que la nueva sesión legislativa no se retomará hasta el próximo día 12, el trabajo para hacer frente a un cuadro macroeconómico difícil, según el análisis para 2015 del catedrático de Economía de la Universidad de Puerto Rico Argeo Quiñones.
"Nos estamos acercando peligrosamente a lo que se le conoce como 'crédito chatarra' y Puerto Rico va a tener una enorme dificultad para cumplir con sus obligaciones crediticias", señaló Quiñones en un análisis difundido por la entidad docente.
El catedrático subrayó en sus proyecciones sobre el futuro de la economía de Puerto Rico para 2015 que el costo de financiación seguirá aumentando, con lo que el presupuesto destinado al pago de la deuda pública crecerá.
Asimismo, según apuntó, la economía continuará en contracción y la capacidad de recaudar fondos por parte del Departamento de Hacienda será muy limitada.
Quiñones avanzó que, incluso, si la tendencia se mantiene, el Gobierno se verá obligado a privatizar algunas compañías estatales.
Sobre el Proyecto de Ley 2212 de aumento del precio del combustible, conocido popularmente como "la crudita", el economista subrayó que la iniciativa tiene una contradicción, ya que el consumo de gasolina en Puerto Rico entre octubre de 2013 y octubre de 2014 se redujo un 12 %.
Quiñones destacó que el Gobierno trata de recaudar a través del impuesto a un producto cuyo consumo disminuye.
Apuntó que para encontrar el motivo del debilitamiento de la economía local hay que retroceder muchos años atrás, en la década de los años 40 del pasado siglo, cuando se apostó por una industrialización que abandonó la agricultura y que ha provocado que Puerto Rico sea actualmente dependiente de importaciones para su alimentación.
Los bajos salarios y la dependencia de fondos federales son otras de las causas de que la economía puertorriqueña se encuentre en la situación actual, según concluyó.
La deuda puertorriqueña, que ronda los 73.000 millones de dólares, está catalogada desde febrero pasado por las grandes casas acreditadoras en el grado especulativo o de bonos "basura".
Puerto Rico acudió el pasado mes de octubre a los mercados para buscar liquidez y colocó 1.200 millones de dólares en pagarés a corto plazo y a tipos de interés del 7,7 % y del 7,75 %.
La emisión de octubre fue la primera que realizaba el Gobierno desde que el pasado marzo había colocado en el mercado 3.500 millones de dólares en obligaciones generales.
La necesidad de recaudar para mantener el equilibrio de las cuentas públicas empujó a la aprobación en las cámaras legislativas del proyecto de ley para la subida del impuesto al combustible, la "crudita", que todavía tiene que ser firmado por el gobernador Alejandro García Padilla para convertirse en norma.
La medida supondrá un aumento en el impuesto del barril de petróleo de 9,25 a 15,50 dólares que repercutirá, de forma indirecta, en el bolsillo de los consumidores.
Además de mejorar la recaudación por medio de ese impuesto indirecto, el Ejecutivo trata de poner en marcha la conocida como reforma contributiva para cuadrar las cuentas públicas.
La reforma contributiva baraja, entre otras medidas, la sustitución del actual Impuesto sobre Ventas y Uso (IVU) por el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA).
El IVA, de aprobarse, tendría una carga contributiva muy por encima del actual 7 % del IVU, medida con la que se trata de mejorar la recaudación pública de cara al nuevo presupuesto que deberá entrar en vigor el próximo 1 julio.
A la difícil situación de las cuentas públicas contribuye la situación financiera de las compañías estatales y más en concreto de la más importante, la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), que arrastra una deuda cercana a 9.000 millones de dólares y que el pasado verano fue incapaz de hacer frente a los 671 millones que tenía que abonar en el plazo más inmediato a sus acreedores.
Puerto Rico sufre además un desempleo del 14 % y cuenta con una población activa de solo el 40,1 %.