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Recurren por vía judicial la paralización de licencias de pisos turísticos en Granada

Publicado 08.10.2024, 16:09
© Reuters.  Recurren por vía judicial la paralización de licencias de pisos turísticos en Granada

Granada, 8 oct (.).- La Asociación de Apartamentos y Viviendas Turísticas de Granada (AvitarGranada) ha presentado una denuncia judicial contra el acuerdo aprobado en pleno por el Ayuntamiento de Granada que paraliza las licencias de pisos turísticos y ha animado a los afectados a reclamas indemnizaciones.

La asociación ha presentado este martes una denuncia ante el juzgado de lo Contencioso administrativo contra el acuerdo que impone nuevos criterios de interpretación del PGOU para otorgar licencias de uso turístico.

Se trata de un acuerdo aprobado en el pleno del pasado mes de julio con el apoyo de PP y PSOE y la abstención de Vox que, según los denunciantes, no se ajusta a derecho al carecer de una base jurídica que apoye exigencias para las licencias como que los pisos turísticos tengan entradas independientes.

Esta modificación impone a las viviendas con uso turístico los mismos criterios que a un hotel, algo que según los denunciantes no se establece en el actual PGOU.

Esta aplicación ha supuesto hasta el momento que más del 98 % de las nuevas licencias que la Junta ha concedido en primera instancia hallan sido revocadas por el Ayuntamiento de Granada.

"Tenemos en dos meses a cientos de propietarios inmersos en recursos en contra de la interpretación que ha hecho el Ayuntamiento de Granada al exigir entrada independiente al igual que a un hotel", ha explicado el presidente de la asociación, Antonio Jesús Castillo García.

En su recurso, la asociación pide que se paralice de manera cautelar el acuerdo plenario hasta que se resuelva, una medida que atendería a las "graves consecuencias" de la decisión.

La asociación ha animado a los propietarios de viviendas turísticas a presentar recursos a todas las negativas y les ofrece para ello su asesoría jurídica.

Ha pedido además exigir al Ayuntamiento el pago de las indemnizaciones a las que tuvieran derecho si el acuerdo hoy recurrido se considera ilegal, y que podrían superar los 600.000 euros por vivienda clausurada.

Castillo García ha vuelto a solicitar una reunión con la alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, y ha lamentado la falta de diálogo sostenida durante los últimos cuatro meses.

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