Madrid, 12 mar (.).- Repartidores pro-autónomos se han manifestado este viernes en varias ciudades españolas contra la llamada "Ley Rider", y se han situado en la cola del paro de forma simbólica para expresar su rechazo a una nueva normativa que temen que deje sin trabajo a parte del colectivo.
Los actos de protesta han sido convocados por el movimiento Repartidores Unidos y la asociación APRA en Madrid, Barcelona, Málaga, Valencia y Palma de Mallorca, y se han celebrado frente a las oficinas del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE).
Estos repartidores se oponen al cambio legislativo, consensuado esta semana por el Ministerio de Trabajo con patronal y sindicatos, que prevé obligar a las plataformas digitales a contratar a los llamados "riders" (repartidores), quienes hasta ahora trabajaban mayoritariamente como autónomos.
El portavoz del movimiento Repartidores Unidos, Gustavo Gaviria, ha explicado a Efe que en Madrid por ejemplo se ha optado por una manifestación simbólica sin superar la veintena de personas debido a las restricciones dirigidas a evitar concentraciones por la pandemia.
"No se nos ha escuchado en este debate, es surrealista, vergonzoso y frustrante que se legisle sin tener en cuenta nuestra opinión", ha destacado Gaviria, quien ha asegurado que actualmente el número de repartidores pro-autónomos es sensiblemente superior al de aquellos que reclamaban ser asalariados.
En este sentido, ha recordado que hoy por hoy existe un "perfil de repartidores muy amplio" en el que hay un elevado porcentaje de personas extranjeras, y en algunos casos es difícil para ellos homologar sus estudios y dedicarse a otro trabajo.
"Esto es la ley 'Anti-Rider'", ha lamentado en un comunicado el presidente de APRA, Jordi Mateo, quien ha incidido en que existe el riesgo de que las plataformas dejen de dar servicio en algunas ciudades españolas (las de menos de 100.000 habitantes) y reduzcan el número de repartidores utilizados al ser obligados a contratarlos en plantilla.
Los representantes de esta parte del colectivo han instado al Ejecutivo a que la nueva ley pase por el Congreso para que pueda ser debatida e incluya la aportación de los distintos grupos parlamentarios.