Asunción, 22 oct (.).- Un tribunal de apelación local anuló parcialmente un laudo arbitral que impuso a Paraguay un pago de unos 19 millones de dólares a la constructora portuguesa Mota-Engil (ELI:MOTA), elegida para el proyecto del Metrobús de Asunción, con lo que el Estado deberá abonar ahora 2,6 millones de dólares, anunciaron este martes fuentes del Ejecutivo.
El procurador general de la República, Marco González, informó en una conferencia de prensa que el Tribunal de Apelación Tercera Sala de la Capital estableció que el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) debe devolver a Mota-Engil "en concepto de monto retenido" cerca de 2,6 millones de dólares.
El funcionario señaló que el Estado fue condenado a pagar cerca de 13 millones de dólares más intereses por haber rescindido el contrato del proyecto del Metrobús de Asunción, que está paralizado desde octubre de 2018.
"Este fallo representa un ahorro para el Estado paraguayo de más de 16 millones de dólares", celebró González.
La resolución también obliga a la empresa a pagar al MOPC cerca de 600 millones de guaraníes (unos 75.653 dólares).
"Nosotros habíamos sostenido que íbamos a dar batalla jurídica a una decisión que consideramos fue políticamente incorrecta en ese momento, económicamente injustificada", agregó el funcionario, en alusión a una sentencia de diciembre de 2023 que impuso el pago al Estado paraguayo a raíz de una demanda promovida por la firma lusa.
El procurador anticipó que la empresa aún puede interponer "algún recurso de aclaratoria" o una acción de inconstitucionalidad.
Para González, el fallo dado a conocer este martes "demuestra que jurídicamente estuvo desacertada" la decisión de febrero de 2020 de rescindir el contrato del proyecto del Metrobús por parte del Gobierno del entonces presidente Mario Abdo Benítez (2018-2023).
Las obras del Metrobús iniciaron durante la Presidencia de Horacio Cartes (2013-2018). Ambos políticos son del gobernante Partido Colorado.
En octubre de 2018, unos meses después de la llegada al poder de Abdo Benítez, la cartera de obras públicas anunció que tomaría medidas legales y financieras contra Mota-Engil por abandonar las obras.
Meses antes, Mota-Engil había avisado de una posible suspensión de los trabajos ante la imposibilidad de cumplir el plazo de ejecución de los dos primeros tramos del proyecto, que debían finalizar en diciembre de 2018.