La Corte Suprema de Estados Unidos ha despejado el camino para la implementación de una ley federal contra el lavado de dinero. Esta normativa exige que las entidades corporativas revelen las identidades de sus verdaderos beneficiarios finales al Departamento del Tesoro estadounidense.
El jueves, los magistrados suspendieron una medida cautelar de alcance nacional que había sido emitida el 03.12.2023 por un juez federal en Texas. Dicho juez había determinado que el Congreso se había extralimitado en sus poderes constitucionales al aprobar la Ley de Transparencia Corporativa. Esta legislación, promulgada en 2021, ha sido objeto de impugnaciones legales por parte de pequeñas empresas.
La decisión de la Corte Suprema se produjo después de que el Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito de EE. UU., con sede en Nueva Orleans, permitiera la aplicación de la medida cautelar antes de la fecha límite del 13.01.2024. Se preveía que la mayoría de las empresas presentaran sus informes iniciales a la Red de Control de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro, conocida como FinCEN, antes de esta fecha.
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