Túnez, 15 feb (.).- El Gobierno tunecino alcanzó este lunes un acuerdo con Italia tras más de un año de negociación para repatriar cerca de 8.000 toneladas de desechos tóxicos exportados de manera ilegal desde el país europeo y que destapó un polémico caso de corrupción que condujo a la cárcel al ministro de Medioambiente, Mustapha Laroui, informó la prensa local.
Gracias a este acuerdo, explicó el ministerio de Medioambiente en un comunicado, el próximo jueves se realizará un primer envío con 213 contenedores mientras que 69 de ellos se consumieron en un incendio producido un mes antes en el almacén de la compañía tunecina importadora, situado a las afueras de la ciudad de Sousse (noreste), y cuyas causas todavía se desconocen.
Desde su hallazgo en mayo de 2020 en el puerto de esta ciudad costera, uno de los principales destinos turísticos del país, las organizaciones medioambientales denuncian el laxismo de las autoridades y su incapacidad diplomática para encontrar una solución.
En diciembre de ese mismo año el ministro de Medioambiente, Mustapha Laroui, fue cesado de manera fulminante y detenido horas más tarde por su supuesta implicación en un caso de importación ilegal de residuos junto a otras veinticinco personas, de las cuales ocho de ellas han sido condenadas a penas de cárcel.
Según la prensa local, el gerente de la compañía local, huido de la justicia desde entonces, habría firmado un contrato para eliminar 120.000 toneladas de desechos por un precio de 48 euros por tonelada, lo que representa unos ingresos de cinco millones de euros.
Convenciones internacionales sobre gestión ambiental, ratificadas por el país magrebí, prohiben la exportación de residuos de Europa hacia el continente africano pero, según un informe preliminar, los responsable sortearon el control de aduanas gracias a la falsificación de documentos que permitieron entre mayo y julio de 2020 la entrada al país des cargamentos de plástico destinados al reciclaje.
En febrero de 2021, el Consejo de Estado italiano reclamó a la sociedad exportadora Sviluppo Risorse Ambientali Srl (SRA), basada en la región italiana de Campania (sur), recuperar los desechos en un plazo de 90 días, a lo que la empresa se negó a falta de una indemnización por parte de uno de los dos estados implicados.