Madrid, 8 jun (.).- Un 12 % de españoles reconoce que ha sido engañado alguna vez y ha comprado de forma involuntaria una falsificación, según los datos de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (Euipo).
La Asociación para la Defensa de la Marca (Andema) ha alertado este martes coincidiendo con el Día Mundial Antifalsificación que la distribución de las falsificaciones por Internet "es alarmante".
El director de Andema, Javier González, indica en una nota que las falsificaciones "llegan de todas partes del mundo y muchas veces en pequeños paquetes que son difíciles de detectar".
La Confederación Española de Comercio (CEC) suscribe junto con Andema la idea de que el consumidor "tiene que ser consciente de la existencia de productos falsificados, no solo en páginas web sospechosas, sino también en plataformas de comercio y en redes sociales".
Las falsificaciones representan el 6,8 % de las importaciones de la UE, por valor de 121.000 millones de euros, según un estudio conjunto realizado por la Euipo y la OCDE.
Estas falsificaciones afectan a todos los sectores y pueden suponer "graves riesgos para la salud y la seguridad de los consumidores, en particular debido a la exposición a sustancias químicas peligrosas, así como a otros peligros", precisa el estudio.
De acuerdo con los datos de otro estudio de la tecnológica Smart Protection, el 42 % de los consumidores piensa que un producto es auténtico si se vende en un "marketplace" o plataforma que reúne diferentes tiendas y marcas.
Sin embargo, desde Andema apuntan que "no siempre es así", aunque valoran que algunas plataformas de comercio están haciendo "grandes esfuerzos" por acabar con la venta de productos falsos en sus webs.
El secretario general de CEC, Julián Ruiz, advierte de que cuando se compra por Internet una falsificación de manera involuntaria se están revelando datos de las tarjetas de débito o crédito a un ciberdelincuente y que no se sabe el uso que hará de ellos.
La CEC recuerda que en diciembre de 2020, la Comisión Europea publicó la propuesta de Ley de Servicios Digitales que actualiza, entre otras, la Directiva de Comercio Electrónico de 2000 y que se aplicará en toda la Unión Europea sin necesidad de incorporarla a las normativas nacionales.
Añade que, aunque el comercio y las marcas se muestran satisfechas con muchos de los puntos que recoge la propuesta, considera que debería ser más ambiciosa a la hora de establecer medidas para proteger a los consumidores y a las empresas de la venta de falsificaciones y productos ilegales.