Sevilla, 4 jun (.).- Vox ha registrado una iniciativa en el Parlamento andaluz en la que solicita que los convenios que el Gobierno autonómico firme con los sindicatos “no incluyan obligaciones económicas que se utilicen para otorgar subvenciones nominativas a los mismos, asegurando así su independencia financiera”.
Esta solicitud se recoge en una proposición no de ley, que Vox justifica en que no se busca "mermar la representación de los trabajadores, sino que los sindicatos sean verdaderamente independientes”, ya que este partido considera que en la actualidad están "ultrasubvencionados" y han traicionado a los trabajadores.
Vox, que acusa a los sindicatos de que "únicamente se deben a los intereses de quienes les financian”, es decir, las administraciones gobernadas por PP y PSOE, considera que es “imprescindible" suprimir las subvenciones a sindicatos en Andalucía en favor de programas y proyectos "que generen un impacto tangible en la calidad de vida de los andaluces".
“Esta medida no solo enviaría un mensaje claro sobre la importancia de la transparencia y la rendición de cuentas en el uso de los recursos públicos, sino que también liberaría fondos que podrían destinarse a programas y proyectos que realmente beneficien a los ciudadanos”, asegura este martes Vox en un comunicado.
Esta formación ha denunciado que el Gobierno andaluz ha "blindado" las subvenciones a los sindicatos de clase en los presupuestos autonómicos para 2024, de manera que abonará, como en 2023 y años anteriores, 1.267.500 euros a UGT y 1.072.500 euros a CCOO.
De la misma forma, ha denunciado que la Junta ha resuelto "autorizar el aplazamiento para el pago de las cuantiosas deudas de UGT-A a las arcas públicas, demostrando una grave falta de integridad y de respeto hacia los trabajadores”.
Ha pedido al presidente de la Junta, Juanma Moreno, que mire "hacia otras regiones”, como es el caso de Castilla y León, donde el gobierno de coalición PP-Vox ha tomado la decisión de eliminar completamente las subvenciones a los sindicatos "priorizando en su lugar programas que impacten directamente en la calidad de vida de los ciudadanos”.
Esta formación considera que la medida “ha sido respaldada por la sociedad” y "demuestra que es posible tomar decisiones valientes y efectivas”, y propone también exigir al Gobierno central un referéndum para preguntar a los españoles si quieren mantener el actual sistema de subvenciones públicas a sindicatos y patronales o si, por el contrario, prefieren que estas organizaciones se financien con las cuotas de sus afiliados.