MADRID (Reuters) - El Gobierno español aprobó el viernes un anteproyecto de ley para agilizar el funcionamiento de la Justicia en un país con reiterados casos de corrupción en el que los procesos judiciales se prolongan durante años ante la saturación de los juzgados.
La reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal limitará a seis meses prorrogables a 18 los plazos para la instrucción de un sumario y simplificará la tramitación para evitar la concatenación de piezas, pero no dotará a los juzgados de más medios, como pedían las asociaciones que representan a los jueces.
"Estamos atendiendo a esa idea de que una justicia tardía es una justicia de menor calidad", dijo el ministro de Justicia, Rafael Catalá, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
La aprobación por parte del Gobierno del Partido Popular llega en un momento en el que los casos de corrupción, muchos de los cuales afectan a políticos de toda ideología, se prolongan durante años, llevando en ocasiones a la prescripción de delitos.
El Gobierno alega que la reforma, que se incluye en las medidas anticorrupción anunciadas por el presidente Mariano Rajoy la semana pasada, está dirigida a agilizar la instrucción y acabar con la sensación de impunidad, especialmente a raíz de casos que han socavado la confianza de los ciudadanos hacia las instituciones.
El proyecto, sin embargo, es visto como insuficiente por el resto de los partidos políticos, que piden más medios en un área en la que el 43,5 por ciento de los juzgados tienen una carga de trabajo superior al 150 por ciento, según datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
"Cuando las causas lo justifiquen (el período) se podrá ampliar por un plazo de igual duración o superior, por tanto ninguna desconfianza en ese sentido a que los jueces no tengan el tiempo suficiente", defendió el ministro, que alegó que a la agilización contribuirá que los atestados policiales sin autor conocido no supondrán la apertura de diligencias judiciales.
FALTA DE MEDIOS
Además de la reducción de los plazos a seis meses en los procedimientos sencillos y 18 los más complejos, la reforma contempla la intervención de comunicaciones telefónicas o telemáticas con autorización judicial y establece un procedimiento de "decomiso autónomo" para recuperar el dinero que un condenado por corrupción haya defraudado.
Las asociaciones que representan a los más de 5.000 jueces que hay en España ven muy difícil limitar la instrucción a seis meses si la medida no se acompaña de más medios materiales y humanos, y alertan de que limitar la instrucción podría llevar a sobreseimientos o investigaciones incompletas.
"La fijación por ley de esos plazos máximos, sin actuar sobre las causas reales que ralentizan los asuntos, es una medida de mera propaganda, que no va a permitir resolver los procedimientos de manera más rápida", dijo el portavoz de Jueces para la Democracia, Joaquim Bosch, en una nota.
La asociación, que representa a 558 jueces, interpuso en noviembre una demanda en la Audiencia Nacional contra el Ministerio de CGPJ por la que considera una grave falta de medios para los profesionales del sector.
"No resulta admisible que en España los corruptos tengan más medios para eludir la acción judicial que los juzgados para perseguirles", añadió Bosch.