Por Diego Oré, Eyanir Chinea y Fabián Andrés Cambero
CARACAS (Reuters) - El Gobierno socialista de Venezuela instalará en las próximas horas una controvertida asamblea constituyente, que reescribirá la carta magna, a pesar del masivo rechazo en casa y la condena de buena parte de la comunidad internacional, a lo que se sumaron sanciones de Estados Unidos.
El domingo quedó casi conformada la Asamblea Nacional Constituyente, que entrará en funciones esta semana, tras una elección con una participación que según la autoridad electoral superó el 41 por ciento del padrón, pero que para la oposición no fue mayor al 12 por ciento.
El mandatario Nicolás Maduro ha dicho que su iniciativa quiere pacificar el país, inmerso en una ola de protestas que ha dejado más de 120 muertos, pero la oposición considera que sólo busca perpetuarse en el poder al dilatar las elecciones, incluidas las presidenciales de finales de 2018.
El nuevo cuerpo se instalaría a más tardar el jueves y realizará sus sesiones en el edificio que ocupa el Parlamento opositor.
"A esa asamblea no la reconoce nadie. Es la nada. Nosotros estamos en nuestro Palacio Legislativo. Si ellos van a venir a tomar el Palacio con sus tanquetas, sus grupos paramilitares, aquí lo que les queda es pelea", dijo desafiante en redes sociales el diputado opositor Juan Requesens.
"AMBICIÓN DICTATORIAL"
La oposición y diversos analistas han puesto en duda los resultados oficiales porque, en medio de una aguda crisis económica, Maduro ha ido perdiendo apoyo de los 7,5 millones que lo eligieron en 2013.
Ya para las parlamentarias de 2015 el oficialismo había perdido casi 2 millones de votos y, según una reciente encuesta de la firma local Datanálisis, Maduro registró en julio su nivel más bajo de aceptación, un 17,4 por ciento.
Por eso, la oposición considera "imposible" que los candidatos hayan podido igualar la mayor votación histórica del chavismo, que obtuvo el fallecido Hugo Chávez en las presidenciales de 2012.
Los adversarios de Maduro, junto a la sociedad civil, organizaron a mediados de julio un plebiscito no vinculante en el que 7,5 millones de venezolanos rechazaron la Asamblea Nacional Constituyente, según cifras de la oposición.
"Teníamos observadores en todos lados, haciendo cálculos, sacaron poco menos de 3 millones de votos", dijo el lunes el presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges, en una entrevista con una televisora local.
La fiscal general, Luisa Ortega, quien recientemente rompió con el Gobierno, se unió a las críticas el lunes.
"Es un resultado para el beneficio del Gobierno, para mantenerse en el poder", dijo Ortega en rueda de prensa. "Aquí no habrá más elecciones, sino perpetuidad de ese poder, de ese grupito (...) estamos frente a una ambición dictatorial".
Además, Ortega dijo que la constituyente supone un "delito de lesa humanidad" y que está recabando los elementos necesarios para llevar el caso a instancias internacionales.
MÁS PRESIÓN INTERNACIONAL
Venezuela atraviesa la peor crisis de su historia reciente, con una inflación de tres dígitos, recesión económica y escasez de alimentos y medicinas, un panorama que analistas creen empeorará con la instalación de la constituyente.
Diosdado Cabello, quien se perfila como el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, advirtió de que, una vez instalado, el cuerpo de 545 asambleístas reemplazará a Ortega.
Además, Maduro adelantó que uno de los objetivos de la constituyente es crear una "comisión de la verdad" para dar con los responsables de la violencia que ya se ha cobrado la vida de al menos 124 personas, algo que la oposición ve como una "cacería de brujas" que aumentará los "presos políticos".
El Gobierno negó el lunes las acusaciones de fraude. "Si estos violentos hubieran permitido que todos salieran a votar la cifra se hubiese acercado a los 10 millones de votos", dijo el líder oficialista Jorge Rodríguez.
La celebración oficialista podría verse opacada por la creciente presión de la comunidad internacional.
Una decena de países americanos y la Unión Europea han dicho que no aceptarán los resultados de la elección y el Gobierno de Perú convocó a una reunión urgente de ministros de Exteriores para la próxima semana en Lima.
La administración de Donald Trump fue más allá al amenazar con sanciones económicas contra el país petrolero, lo que podría afectar su principal fuente de ingresos en medio de millonarios pagos de compromisos internacionales.
El departamento del Tesoro estadounidense impuso sanciones a Maduro que, de acuerdo a una fuente del Congreso, congelan sus activos e impiden tratos con él.
"Son unas decisiones que expresan su impotencia, su desesperación, su odio. Expresan el carácter del magnate, el emperador de los Estados Unidos", dijo Maduro durante el acto de entrega de resultados oficiales por el árbitro electoral. "Tomen las sanciones que les dé la gana, pero el pueblo venezolano ha decidido ser libre".
Pero, aunque la aplicación de sanciones pondría en mayores aprietos económicos a Maduro, también profundizaría la crisis que sufren millones de venezolanos.
"El país ya está en un caos, y la constituyente lo que va a hacer es profundizar ese modelo de caos. Ya los países que dijeron que esto es fraudulento no van a invertir en Venezuela", agregó Borges. "Venezuela se está convirtiendo en una isla como Cuba".