MADRID (Reuters) - Mientras los casos de corrupción en España hunden cada vez más la imagen que la ciudadanía tiene de sus políticos, el Gobierno dice que se está planteando una mejor definición de la figura del imputado que evite la connotación tan negativa del término.
Los cientos de imputados, muchos ellos cargos políticos, en diversas investigaciones relacionadas con la corrupción la han situado como la segunda preocupación para los españoles, que también cuestionan por qué no hay más dimisiones.
"Estamos trabajando por intentar encontrar una mejor definición de la figura del imputado, porque lo cierto es que se ha pervertido absolutamente, no sé si en nuestra cultura jurídica pero sí en nuestra opinión pública", dijo el ministro de Justicia, Rafael Catalá, durante un desayuno de prensa en Madrid el martes.
Según Catalá, el Gobierno colabora con expertos procesalistas y en derecho penal, además de académicos y lingüistas, para encontrar una denominación que se adapte mejor a la figura del imputado y que pueda aparecer en la reforma de la ley de Enjuiciamiento Criminal que quiere promover en las próximas semanas.
"Parecería que el imputado es ya una especie de preculpable o precondenado, cuando como bien sabemos todos no es otra cosa que una condición de participación procesal con asistencia letrada", agregó el titular de Justicia, que asumió la cartera hace dos meses tras la dimisión de Alberto Ruiz-Gallardón.
El ministro dijo que en la batería de medidas contra la corrupción expuestas la semana pasada por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, se determinará la apertura de juicio oral, y no la imputación, como el momento en el que un cargo público debe cesar.
El Congreso aprobó unas largamente retrasadas medidas contra la corrupción un día después de la dimisión de la ministra de Sanidad, Ana Mato, la primera víctima del Gobierno relacionada con los escándalos de corrupción y que para la opinión pública resulta insuficiente. El líder del Partido Socialista, Pedro Sánchez, dijo que Rajoy no estaba "legitimado" para liderar una regeneración democrática.
Las medidas aprobadas imponen condiciones más duras a los partidos frente a casos internos de corrupción, ponen límites a la financiación de las formaciones políticas y dotan de más medios a la justicia para que se aceleren los procesos, muchos de ellos estancados durante años en unos juzgados desbordados.
En este sentido, el ministro dijo que el aumento de un 1,6% en el presupuesto de Justicia para 2015 permitirá avanzar en una mejor gestión de los recursos y le otorgará instrumentos de investigación "propios del siglo XXI".
Los sondeos dicen que de celebrarse ahora unas elecciones previstas para dentro de un año, la formación en el Gobierno perdería la mayoría absoluta con la que llegó al poder en 2011, ante el fuerte auge de Podemos, un partido que abandera la indignación popular contra altos cargos financieros y políticos en el contexto de una profunda crisis económica.
LEY DEL ABORTO
Catalá, de 53 años, que entre otros cargos fue secretario de Estado de Infraestructuras y subsecretario de Hacienda (2000-2002), ha heredado una cartera en la que faltan por resolver asuntos como la retirada del polémico anteproyecto de reforma de la ley del aborto, causante de la dimisión de Ruiz-Gallardón.
El anteproyecto restringía los supuestos en los que una mujer podía abortar hasta las 12 semanas de gestación en caso de violación o si había un riesgo para la salud de la madre hasta la semana 22.
El ministro señaló que a corto plazo se introducirá en la reforma de la ley de protección del menor la necesidad del permiso paterno para que las jóvenes de entre 16 y 18 años puedan abortar, que espera que sea elevado al Consejo de Ministros en las próximas semanas.
Catalá, que dijo que el Gobierno trabaja en la búsqueda de un amplio consenso con los grupos parlamentarios, agregó que pretende aprobar un plan de ayuda a la familia para impedir los abortos por motivos económicos, laborales o sociales.