MADRID (Reuters) - El juez de Palma de Mallorca José Castro, instructor del caso de corrupción Palma Arena y de la pieza separada por la que sentará a Cristina de Borbón en el banquillo, solicitó el lunes su nombramiento como magistrado emérito, lo que le permitiría continuar trabajando tras su jubilación en diciembre.
Según la ley, Castro estaría obligado a jubilarse en diciembre de este año al cumplir 70 años, aunque también contempla la posibilidad de que los magistrados continúen ejerciendo hasta los 75 años en calidad de "eméritos", según informó el Consejo General del Poder Judicial.
El magistrado ya ha presentado su petición ante el Tribunal Superior de Justicia de Baleares, cuya sala de Gobierno deberá informar posteriormente al CGPJ, organismo de gobierno de los jueces.
La Ley Orgánica del Poder judicial prevé que en el Tribunal Supremo, Audiencia Nacional, Tribunales Superiores de Justicia y Audiencias Provinciales pueda haber magistrados suplentes "no integrantes de la carrera judicial", mayores de 70 años y que serán considerados como magistrados eméritos.
El caso Palma Arena instruido por Castro es uno de los más importantes en España en el que se han visto implicados políticos del Partido Popular por supuesta corrupción.
De su instrucción se han derivado un total de 27 piezas separadas, una de las cuales es el caso Nóos, por el que tras cuatro años de investigación el titular del juzgado de instrucción número 3 de Palma llevará a juicio a la hermana del rey Felipe VI como cooperadora necesaria en dos delitos contra la Hacienda Pública.
El marido de la infanta, Iñaki Urdangarin, deberá responder en este mismo caso por delitos como prevaricación, fraude, tráfico de influencias o blanqueo, entre otros, por su gestión del Instituto Nóos, una organización sin ánimo de lucro que presidió entre 2004 y 2006, y desde la que presuntamente se desviaron 5,8 millones de euros de fondos públicos.
La investigación del caso Palma Arena, que comenzó hace casi siete años, aún tiene pendientes de instrucción 19 piezas separadas, cuya instrucción sería imposible de terminar por Castro si se jubilara en diciembre.
Este caso surgió para investigar el sobrecoste del velódromo Palma Arena, en cuya construcción se habría producido un desfalco millonario, al pasar su coste de 48 a 110 millones de euros.
El expresidente de Baleares y exministro de Medio Ambiente del PP Jaume Matas ingresó el pasado julio en prisión para cumplir una condena de nueve meses por tráfico de influencias en una pieza separada del caso Palma Arena, que investiga la presunta gestión corrupta y enriquecimiento personal de Matas en sus dos periodos como presidente balear, entre 1996 y 1999 y de 2003 a 2007. 2015-02-09T143122Z_1007110001_LYNXMPEB180QD_RTROPTP_1_OESTP-JUEZ-CASTRO.JPG