MADRID (Reuters) - El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco acordó el martes prisión provisional eludible con una fianza de 60.000 euros para el alcalde del municipio madrileño de Serranillos del Valle, Antonio Sánchez, imputado en la operación Púnica contra una trama de corrupción municipal y regional.
El magistrado considera a Sánchez, del partido independiente UDMA, presunto autor de hasta ocho delitos entre los que se incluyen organización criminal, tráfico de influencias, malversación, fraude, cohecho y prevaricación, sostuvo en un auto.
El político, según las diligencias del juez, sería responsable de varias contrataciones públicas irregulares para beneficiar a sociedades de David Marjaliza, empresario que se encuentra en prisión incondicional y es uno de los principales imputados en la trama.
El juez cita un contrato de eficiencia energética del ayuntamiento de Serranillos del Valle en el que se alteró el valor de las ofertas de un concurso público a favor de la empresa Cofely.
Velasco considera además que existe riesgo de alteración de "elementos relevantes" para la investigación, ya que Sánchez fue descubierto el lunes huyendo del ayuntamiento de la localidad madrileña con documentación probatoria que pretendía ocultar.
Además de Sánchez, están implicados en la trama municipal otros cinco alcaldes madrileños - cuatro de ellos del PP y uno del PSOE-, además del presidente de la Diputación de León, Marcos Martínez, y el vicepresidente de la Comunidad Autónoma de Madrid, Francisco Granados. Para estos dos últimos el juez ha dictado prisión incondicional.
Hasta el momento el alcalde de Collado Villalba, Agustín Juárez, el de Parla, el socialista José María Fraile, y el de Torrejón de Velasco, el 'popular' Gonzalo Cubas, han presentado su dimisión.
El último de los escándalos de corrupción conocidos en España, en el que fueron detenidas medio centenar de personas la semana pasada, ha dañado la imagen del partido en el poder en España e indignado a una ciudadanía harta de recortes sociales por la crisis.
Ante los reiterados casos de corrupción conocidos en los últimos meses, en un momento en el que los españoles siguen sufriendo los rigores de una crisis que ha dejado a uno de cada cuatro trabajadores sin empleo, el PP ha sufrido una caída drástica en su popularidad que se ve reflejada en los últimos sondeos electorales.