MADRID (Reuters) - El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha condenado al juez Elpidio José Silva a 17 años y medio de inhabilitación por un delito de prevaricación y dos contra la libertad individual por las encarcelaciones del expresidente de Caja Madrid Miguel Blesa y el empresario Gerardo Díaz Ferrán.
El magistrado investigó la compra de un banco estadounidense y también un crédito de 26,6 millones de euros concedido en 2009 a Gerardo Díaz Ferrán, entonces consejero de la caja y propietario del grupo Marsans, en la cárcel por otro caso.
Silva estaba acusado también por un delito de revelación de secretos por publicar unos correos electrónicos del expresidente de Caja Madrid.
El Tribunal también condenó a Silva, incapacitado para ejercer la judicatura desde febrero, a pagar 10.000 euros a Díaz Ferrán en concepto de daños morales.
Silva alcanzó la notoriedad después de enviar a prisión provisional a Blesa, al que imputó varios delitos al frente de la caja de ahorros ahora integrada en Bankia entre 1996 y 2009, y emprendió una campaña de denuncia de la corrupción en España y su extensión a la Justicia.
El expresidente de la entidad se querelló contra él después de salir de la cárcel y Silva acabó siendo procesado, acusado de un presunto delito continuado de prevaricación y retardo malicioso en la administración de Justicia, aunque el juicio que comenzó en enero fue suspendido a finales de abril por su recusación a dos de los magistrados del tribunal que lo juzgaba.
Silva lanzó una campaña mediática para afirmar que las acusaciones en su contra tenían motivaciones políticas y un efecto negativo en las investigaciones de casos de corrupción.
Baltasar Garzón, el exjuez español internacionalmente conocido por perseguir al dictador chileno Augusto Pinochet, también fue acusado de prevaricación y suspendido de la carrera judicial en 2010 por grabar ilegalmente las conversaciones de algunos sospechosos del caso de corrupción Gürtel.
Caja Madrid se vio inmersa en problemas tras el estallido de la burbuja inmobiliaria en 2008. Fue rebautizada como Bankia tras fusionase en 2010 con otras seis cajas, pero con miles de millones de préstamos tóxicos a promotores inmobiliarios, pronto necesitó un rescate de 22.500 millones de euros.
El rescate de la caja, su desastrosa salida a bolsa de 2011, y los complejos instrumentos de deuda disfrazados de depósitos de ahorro desencadenaron una serie de investigaciones penales.
Silva estaba investigando si Blesa esquivó las normas sobre la gestión de riesgos cuando Caja Madrid compró City National Bank of Florida en 2008. En junio emitió un auto en el que dijo que había evidencias de cuatro delitos: societario, de administración desleal, falsedad de documento mercantil, y apropiación indebida y decretó prisión provisional para Blesa.
Blesa quedó en libertad tras pagar una fianza y sus abogados luego se quejaron de que Silva había abusado de su autoridad. La fiscalía de Madrid abrió una investigación sobre el juez por prevaricación y retardo malicioso en la administración de justicia y delitos contra la libertad individual de Blesa.
La condena se da después de que la semana pasada se conociera que más de 80 ejecutivos y directivos de Caja Madrid y luego Bankia usaron tarjetas opacas para gastos personales.
Entre los investigados figuran Blesa y su sucesor en Bankia, Rodrigo Rato, que también fue exministro del Partido Popular y ex director gerente del Fondo Monetario Internacional.