MADRID (Reuters) - El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ordenó el viernes prisión incondicional para el exvicepresidente de la Comunidad de Madrid Francisco Granados y para el empresario David Marjaliza, imputados en una trama de corrupción municipal y regional.
Ambos fueron detenidos el lunes dentro de la llamada "operación Púnica" junto a otras 49 personas entre las que se encontraban seis alcaldes de localidades madrileñas, además de funcionarios municipales y empresarios.
Según sostuvo Velasco en un auto, existen indicios de que durante su carrera pública Granados habría beneficiado a Marjaliza y a otros empresarios en materia de contratación pública y urbanismo, y que tomó parte en una red de tráfico de influencias que utilizó en beneficio propio.
Así, Granados habría incurrido en los delitos de blanqueo de capitales, organización criminal, contra la hacienda pública, tráfico de influencias, cohecho, malversación, prevaricación y fraude.
Según la investigación, los ediles y funcionarios municipales actuaban en connivencia con empresarios de la construcción y energéticos a través de intermediarios y sociedades instrumentales.
El magistrado afirmó además que Granados es titular de algunas cuentas bancarias sobre las que las autoridades suizas han informado a España de que existen sospechas de blanqueo.
Antiguo hombre de confianza de la expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre, Granados renunció en febrero a su escaño en el parlamento regional tras reconocer que tuvo una cuenta millonaria en Suiza.
Granados fue también secretario general del Partido Popular madrileño y consejero de Presidencia e Interior de la Comunidad de Madrid entre 2008 y 2011.
La trama destapada el lunes, que según la Fiscalía estaba infiltrada en varios ayuntamientos principalmente de la Comunidad de Madrid, Murcia, León y Valencia, firmó adjudicaciones públicas por valor de 250 millones de euros a cambio de comisiones ilegales en los dos últimos años.
Tras la decisión sobre Granados y Velasco ya suman siete las personas enviadas a prisión incondicional por el juez tras las órdenes de encarcelamiento del presidente de la Diputación de León, el 'popular' Marcos Martínez;, el empresario Alejandro de Pedro; el alcalde de Valdemoro, José Carlos Boza, del PP; la secretaria de Marjaliza, Ana María Ramírez; y el director de Mercado Público de la empresa Cofely, Pedro García.
"CABEZA" DEL ENTRAMADO EMPRESARIAL
A Marjaliza el juez le considera "cabeza de un amplio entramado empresarial, núcleo de una organización criminal, cuya actividad está vinculada a actuaciones administrativas como promociones urbanísticas, contratos públicos o concesiones administrativas".
Según el magistrado, el empresario se aprovechó de "sus amplias relaciones personales y políticas para lograr las adjudicaciones irregulares tanto para sus propias empresas como para terceros recibiendo una comisión por su actuación".
Marjaliza sería también titular de algunas de las cuentas suizas que provocaron el inicio de la investigación de la Fiscalía en enero de este año, después de que las autoridades suizas solicitaran una comisión rogatoria por sospechas graves de blanqueo.
El juez considera que las investigaciones han permitido cerrar el círculo de la operativa de blanqueo en la que el dinero colocado en Suiza retornaba después a España tras pasar por varios países bajo la apariencia de diversas operaciones de exportación.
Dos de los alcaldes imputados, el de Parla, el socialista José María Fraile, y el de Torrejón de Velasco, Gonzalo Cubas, del PP, han presentado su dimisión.
En las últimas semanas se ha reavivado el malestar social en España por los numerosos casos de corrupción en el ámbito político y financiero. Tras conocerse el operativo del lunes, los líderes de los principales partidos pidieron acciones contundentes.