Por Katie Nguyen
LONDRES (Reuters) - Más de una docena de países han acordado ejecutar leyes para combatir el tráfico de órganos humanos, un negocio que explota a la gente más pobre del mundo y que da unos beneficios ilegales de hasta 1.200 millones de dólares cada año.
Albania, Austria, Bélgica y España están entre los 14 países en firmar el primer tratado internacional para combatir el comercio de órganos, según anunció el órgano europeo de Derechos Humanos el jueves.
Con una estimación de unos 10.000 trasplantes realizados en el mercado negro cada año, el Consejo de la Convención Europea contra el Tráfico de Seres Humanos convertiría en delito la extracción de órganos sin un "libre, informado y específico consentimiento".
También este tratado ilegalizaría que el donante o una tercera parte ganaran dinero del trasplante de órganos y daría a las víctimas el derecho a la compensación.
"La mayor parte de los traficantes de riñón y otros órganos en el mundo fluye desde los países pobres a los ricos, o dentro d los países pobres, desde la gente pobre a la rica", dijo Ivan Koedjikov, director de Acción contra el Crimen, del Consejo de Europa.
"En la mayor parte de los casos, el más vulnerable es el que da", dijo a Thomson Reuters Foundation por teléfono.
El receptor típico de órganos donados suele ser hombre, con una media de 48 años y unos ingresos anuales de unos 53.000 dólares, mientras que el donante suele ser también hombre, pero de media de 29 años, y con unos ingresos inferiores a los 500 dólares anuales, según Organs Watch, gupo de derechos humanos que documenta el tráfico de órganos.
Mencionando cifras del supervisor de Integridad Financiera Global, el Consejo de Europa dice que el comercio ilegal de órganos humanos está valorado entre los 600 y los 1.200 millones de dólares anuales.
Sólo en Europa, en 2012 había más de 68.000 personas en la lista de espera para recibir un riñón.
Los receptores pueden pagar entre 50.000 y 100.000 dólares por un riñón, un hígado, un corazón o cualquier otro órgano, dijo Koedjikov.
"Por supuesto que esto no puede ocurrir sin algún tipo de ayuda y con cómplices o involucrados entre los médicos", añadió.
"Así que la Convención también establece la responsabilidad corporativa para esto. Si los actos criminales se han realizado por parte de alguien desde una posición de responsabilidad, entonces habrá responsabilidad corporativa o del hospital".
Cinco países tienen que ratificar el tratado, que está abierto a todos los países, antes de que entre en vigor. Hasta el momento, los otros firmantes han sido República Checa, Grecia, Italia, Luxemburgo, Noruega, Moldavia, Polonia, Portugal, Reino Unido y Turquía.