MADRID (Reuters) - El Parlamento de Cataluña aprobó el jueves la creación de una comisión de investigación a raíz de las insatisfactorias explicaciones que dio la semana pasada el expresidente Jordi Pujol sobre su fortuna sin declarar en el extranjero.
La Cámara regional respaldó por unanimidad la comisión sobre fraude, evasión fiscal y prácticas de corrupción política a petición de ERC, ICV-EUiA y CUP tras la airada comparecencia del veterano político en el Parlament el viernes pasado.
El Parlament pretende "evaluar e investigar, en el contexto del caso Pujol, las diversas modalidades de fraude, evasión y evasión fiscal; determinar las prácticas de corrupción en contextos de contratación y concertación publicoprivada, y esclarecer las responsabilidades políticas e institucionales en las últimas décadas", según una nota de prensa.
El que fuera presidente catalán durante 23 años defendió su honorabilidad, afirmando que no había sido nunca un político corrupto y que los 140 millones de pesetas (algo menos de un millón de euros en 1980) depositados en el extranjero durante más de 30 años los heredó de su padre.
Las explicaciones no han satisfecho a los grupos políticos catalanes, que han puesto en marcha unas pesquisas que coinciden con varios procesos abiertos en los tribunales contra el clan de los Pujol por varios delitos de corrupción.
Una vez creada, la junta de portavoces del Parlamento catalán determinará el número de diputados que la integran y el grupo al que corresponderá la presidencia de la comisión, que tendrá que aprobar una serie de comparecencias y redactar un dictamen con las conclusiones.
"La comisión de investigación es necesaria porque hay muchas sombras sin explicar y muchas preguntas sin respuesta", dijo el diputado socialista Jordi Terrades tras apoyar la creación de la comisión.
El reconocimiento de la fortuna en el extranjero de Pujol puso fin a una imagen de honradez que constituía uno de los baluartes de los políticos catalanes, que defendían que en Cataluña no cabía la corrupción que se ha convertido en uno de los mayores problemas de la vida pública en España.
El anuncio de la investigación se produce en un momento en el que el Gobierno catalán ha convocado una consulta de autodeterminación que ha sido suspendida temporalmente por el Tribunal Constitucional a instancia de un recurso del Gobierno español, que se opone a la votación por considerarla ilegal.