Por Michael Holden y Andrew MacAskill
LONDRES, 5 oct (Reuters) - El gobierno británico intentará la próxima semana persuadir a los jueces del máximo tribunal del país para que anulen una sentencia que declaró ilegal su divisivo plan de deportar a Ruanda a los solicitantes de asilo que lleguen en balsas a través del Canal de la Mancha.
En un duro golpe para el gobierno del primer ministro Rishi Sunak y su promesa de "detener las balsas", el Tribunal de Apelación de Londres concluyó en junio que el plan de enviar a decenas de miles de inmigrantes más de 6.400 km a África Oriental no era legal, afirmando que Ruanda no podía ser tratada como un tercer país seguro.
El lunes, los abogados del gobierno argumentarán ante el Tribunal Supremo que esta decisión fue errónea, mientras que los que representan a migrantes de Siria, Irak, Irán, Vietnam y Sudán quieren que los jueces concluyan que el plan en sí es defectuoso.
Sunak se juega mucho, ya que ha hecho de la inmigración una de sus cinco prioridades. Abordar con éxito la cuestión podría reavivar las alicaídas fortunas de su Partido Conservador, que languidece unos 20 puntos por detrás en las encuestas de opinión antes de las elecciones previstas para el próximo año.
"Un gobierno que no cumple lo que promete siempre será castigado. Tenemos que controlar este asunto", declaró a Reuters el legislador conservador Brendan Clarke-Smith en la conferencia anual del partido celebrada esta semana.
Sunak y sus ministros sostienen que el plan de Ruanda, puesto en marcha el año pasado por el entonces primer ministro Boris Johnson, acabaría con el modelo de negocio de los traficantes de seres humanos y disuadiría a la gente del peligroso viaje a través del Canal de la Mancha en lanchas neumáticas y botes neumáticos. Seis personas murieron ahogadas en agosto y 27 en noviembre de 2021.
Sus detractores afirman que es inmoral, caro y sencillamente no funcionará. Entre ellos hay grupos de derechos humanos, legisladores, incluidos algunos conservadores, y el arzobispo de Canterbury, jefe de la comunión anglicana. Según los medios de comunicación, incluso el rey Carlos ha expresado reservas en privado.
El destino del plan está ahora en manos de cinco jueces, entre ellos el presidente del Tribunal Supremo, Robert Reed, que empezarán a escuchar argumentos jurídicos principalmente técnicos durante tres días a partir del lunes.
INMIGRACIÓN
Al igual que muchos países europeos, Reino Unido se debate sobre cómo hacer frente a la afluencia de inmigrantes que a menudo huyen de zonas en guerra en Oriente Medio, África y Afganistán.
En un discurso pronunciado el martes ante los miembros del Partido Conservador, la ministra del Interior, Suella Braverman, afirmó que un "huracán" de inmigrantes amenazaba con azotar Reino Unido y se comprometió a detener lo que denominó "falsos solicitantes de asilo".
La inmigración fue uno de los principales factores que impulsaron en 2016 el voto a favor de abandonar la Unión Europea, con la promesa de que Reino Unido recuperaría el control de sus fronteras.
Pero a pesar de las promesas del gobierno conservador de reducir las llegadas, la migración neta global ha seguido aumentando, alcanzando un récord de 606.00 el año pasado. Este año, más de 25.000 personas han llegado a Gran Bretaña en balsas, mientras que en 2022 se detectó la cifra récord de 45.755.
Reino Unido dice que el costo de su sistema de asilo actual, bajo el que unas 135.000 personas esperan una decisión, es de más de 3.000 millones de libras (3.600 millones de dólares) al año. Alojar a algunos de esos inmigrantes en hoteles cuesta unos 6 millones de libras al día.
Una nueva ley, aprobada en julio, obliga al ministro del Interior a deportar a los inmigrantes que lleguen sin permiso a su país de origen o a un tercer país seguro. Reino Unido sólo ha firmado un acuerdo de este tipo con Ruanda.
Enviar a cada solicitante de asilo al país africano costaría un promedio de 169.000 libras, según el gobierno.
Otras medidas destinadas a recortar gastos alojando a los solicitantes en bases militares se han topado con una fuerte oposición, a menudo por parte de legisladores conservadores locales, mientras que una barcaza amarrada frente a la costa sur para alojar a cientos de inmigrantes fue vaciada al cabo de unos días tras el descubrimiento de bacterias de legionela en el suministro de agua.
Las encuestas muestran que la elevada inmigración sigue siendo una de las principales preocupaciones de los votantes, aunque a la inversa también sugieren que se apoya que los inmigrantes cubran la escasez de mano de obra. Lo que sí indican las encuestas es que una clara mayoría piensa que el Gobierno está gestionando mal el asunto.
"Si reducimos la cantidad de inmigración ilegal, creo que la gente volverá a apoyarnos en las próximas elecciones", dijo Clarke-Smith.
(1 dólar = 0,8278 libras)
(Escrito por Michael Holden; Editado en Español por Ricardo Figueroa)