MADRID (Reuters) - El Tribunal Supremo acordó el jueves la apertura de una causa contra los expresidentes de la Junta de Andalucía Manuel Chaves y José Antonio Griñán, del Partido Socialista, por el caso que investiga los expedientes de regulación de empleo fraudulentos en Andalucía.
El alto tribunal también ha abierto instrucción contra los exconsejeros andaluces José Antonio Viera, Gaspar Zarrías y María del Mar Moreno, todos ellos aforados.
La Sala, en un auto en el que se declaraba competente para investigar los hechos, destacó que los indicios sobre la participación de los cinco aforados derivan de su "posición de alta y especial responsabilidad política, dados los cargos que desempeñaban, y de su intervención en las decisiones de creación o de mantenimiento del sistema que facilitaba esa forma de proceder".
El fraude investigado, uno de los mayores casos de corrupción desvelados en España en los últimos años, se refiere a las subvenciones a las prejubilaciones en cerca de 70 empresas y se estima que la cantidad desviada de unos fondos creados para agilizar los ERE asciende a 136 millones de euros.
En agosto, la juez Mercedes Alaya, que investiga el caso en Andalucía, envió un escrito al Tribunal Supremo sobre los aforados ligados al caso para que fuera esta institución la que se ocupara del tema.
Según la ley española, la juez no puede imputar directamente a los aforados, sino que debe elevar una exposición razonada al Tribunal Supremo, la corte competente para hacerlo, de forma que la magistrada pierde parte de la instrucción del caso.
Tanto Griñán como Chaves han declarado su disposición para colaborar en la investigación.
Griñán dimitió de su cargo de presidente andaluz en agosto de 2013, dejando el puesto en manos de Susana Díaz. El expresidente admitió que el caso perjudicó al gobierno regional socialista, que ha liderado Andalucía desde hace más de tres décadas, e influyó en su decisión de abandonar el cargo solo año y medio después del inicio de la legislatura.
Alaya ha imputado a unas 200 personas, entre ellos una veintena de dirigentes y exdirigentes públicos de la Junta de Andalucía, así como la exministra socialista Magdalena Álvarez, por un fraude con subvenciones públicas que se habría producido desde el año 2000.