MADRID (Reuters) - El Tribunal Superior de Justicia de Baleares rechazó el viernes una recusación planteada por el sindicato Manos Limpias contra dos magistrados de la Audiencia Provincial de Palma que debían decidir sobre el recurso de apelación interpuesto por la infanta Cristina por su imputación en el caso Nóos.
Esta decisión da vía libre a la Audiencia Provincial de Palma para aceptar o desestimar los recursos presentados por las partes, uno de los últimos pasos para el inicio de un juicio, después de que el juez José Castro pusiera fin a la investigación del caso Nóos en julio.
Castro imputó a Cristina de Borbón, de 49 años, por presuntos delitos contra la Hacienda Pública y blanqueo de capitales, en un caso que ha perjudicado notablemente la imagen de la Casa Real y desde algunos sectores se atribuyó como una de las causas de la abdicación de Juan Carlos I.
Una sala especial del tribunal dictó un auto en el que acordó devolver a la causa a los magistrados Diego Gómez-Reino y Mónica de la Serna, recusados por Manos Limpias al considerar que no eran imparciales porque habían intervenido en un auto que absolvió a la infanta en mayo de 2013.
"La Sala (...) acuerda devolver a los recusados el conocimiento de la causa en el estado en el que se hallaba, condenando al pago de costas a los recusantes", dijo el TSJ de Baleares en un auto, señalando que no cabía recurso contra esta decisión.
La Audiencia Provincial deberá fijar ahora una fecha de deliberación sobre los recursos para decidir quién se sienta finalmente en el banquillo de los acusados.
El juez Castro consideró en su auto de fin de instrucción tras cuatro años de investigaciones que existen "sobrados indicios" de que la segunda hija del rey Juan Carlos dispuso y gastó dinero público desviado a la empresa familiar Aizoon, que posee al 50% con su marido, Iñaki Urdangarin.
Tras el auto del magistrado, la Fiscalía Anticorrupción recurrió la decisión del juez al considerar que no existían indicios racionales de criminalidad y acusó al juez de que su investigación estaba contaminada por los medios de comunicación.
Castro también mantuvo como imputados al marido de la infanta y a su exsocio Diego Torres por su gestión del Instituto Nóos, una organización sin ánimo de lucro que el exjugador de balonmano presidió entre 2004 y 2006, y desde la que presuntamente se desviaron 5,8 millones de euros de fondos públicos.
A Urdangarin se le imputan los delitos de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos, fraude a la Administración, tráfico de influencias y estafa.
El juez Castro ha tenido problemas para concretar las acusaciones contra Cristina de Borbón.
En abril de 2013, el magistrado dictaminó que había evidencias de que la infanta había colaborado con su marido. La Audiencia Provincial de Palma desestimó esos cargos en mayo de ese año, bajo el argumento de que las pruebas no eran suficientes, pero le dio a Castro más tiempo para investigar una acusación de fraude fiscal.
El juez comenzó entonces a investigar si la infanta hizo uso de fondos derivados de Aizoon para fines personales. El fiscal anticorrupción ya se mostró reacio entonces a la imputación de Cristina al no apreciar indicios de delito.
Finalmente, en enero de este año, la infanta declaró como imputada por un presunto delito de fraude fiscal y blanqueo de capitales por su participación a medias en Aizoon.
El caso es uno de los muchos escándalos de corrupción de alto nivel que han minado la fe en las instituciones públicas en España, en momentos de una grave crisis económica caracterizada por profundos recortes en los gastos sociales.