Por Juan Medina
COLMENAR VIEJO, España, 13 ago (Reuters) - Benita Navacerrada es una mujer española de 91 años que anhela saber dónde fue enterrado su padre hace más de 80 años.
Espera que la respuesta esté en una exhumación a las afueras de Madrid de los restos de más de 100 personas que fueron ejecutadas por las fuerzas del difunto dictador Francisco Franco en 1939, tras la Guerra Civil española.
"Quiero saber dónde está porque nunca lo he sabido", dijo Navacerrada a Reuters esta semana en el cementerio de Colmenar Viejo, donde se han encontrado dos fosas comunes.
Navacerrada dijo que localizar a su padre, que era dirigente sindical y murió cuando ella tenía siete años, le traería alegría y un cierre: "Podría decir que está descansando en paz y no tirado por ahí como los cerdos".
Los forenses analizaban este fin de semana la segunda fosa común, situada en un camino del cementerio, recogiendo cráneos con señales de impactos de bala y huesos para identificarlos genéticamente y entregarlos después a sus familiares.
Un total de 108 civiles, muchos vinculados a partidos y sindicatos de izquierda, fueron ejecutados y enterrados en el cementerio de Colmenar Viejo entre abril y diciembre de 1939.
La exhumación de la primera fosa común comenzó el año pasado con el apoyo financiero del gobierno de izquierdas español y permitió encontrar los restos de 12 personas.
España pasó a la democracia tras la muerte de Franco en 1975, pero el legado de su dictadura fascista de cuatro décadas sigue dividiendo a la sociedad del país. La cuestión de las exhumaciones fue un tema candente en vísperas de las elecciones nacionales de julio, en las que tanto el bloque de derechas como el de izquierdas no lograron la mayoría.
Una de las primeras políticas implementadas por el presidente socialista del Gobierno español, Pedro Sánchez, cuando asumió el cargo en 2018 fue la aprobación de una ley que hace posible que los familiares identifiquen a las víctimas que están enterradas en alrededor de 2.400 fosas comunes sin nombre en todo el país.
El rival conservador Partido Popular (PP) y el ultraderechista Vox se oponen a la "Ley de Memoria Democrática", argumentando que amenaza con reabrir heridas, y durante la campaña electoral prometieron derogarla.
PP y Vox ya se han comprometido a restringir la ley en varias regiones donde han sellado gobiernos de coalición en las últimas semanas.
Luis Pérez Lara, presidente de una comisión de la localidad de San Sebastián de los Reyes que promueve la exhumación en la cercana Colmenar Viejo, dijo que el objetivo es que los familiares de los ejecutados puedan enterrarlos con dignidad.
"Las terribles heridas de la brutalidad llevada a cabo por la dictadura no se han cerrado", afirmó.
(Reporte de Juan Medina, Reporte adicional y Escrito por Joan Faus, Editado en Español por Manuel Farías)